Magistrada del CNE cercana al petrismo se enfrenta a juicio en la Corte por contrato irregular en la Alcaldía de Bogotá

La magistrada Blanca Barreto, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, arrancó el juicio contra la actual magistrada y expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez Grisales, por varias irregularidades que se habrían presentado en un proceso de contratación del extinto Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, justo cuando el alcalde de la ciudad era el hoy presidente Gustavo Petro y ella formaba parte de su gabinete.

SEMANA conoció el escrito de acusación que la Fiscalía le presentó a la Corte Suprema de Justicia, en el cual quedarían en evidencia las irregularidades en las que hoy estaría implicada la magistrada Fabiola Márquez Grisales, quien ha sido reconocida como una persona cerca al petrismo.

El documento de nueve páginas detalla que la investigación gira en torno a la falta de planeación, los vacíos, la modificación y la poca supervisión que tuvo un contrato por más 3.300 millones de pesos que salieron del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, para alquilar los pisos 32, 33, 34 y 35, área de archivo y 15 parqueaderos ubicados en la Ciudadela Empresarial y Comercial San Martín, en Bogotá.

En el caso también aparece mencionado el cuestionado Máximo Noriega, quien aspiró a la Gobernación del Atlántico y terminó fuera de la carrera política por el escándalo de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente. Para el 4 de septiembre de 2014, Noriega era gerente del Fondo de Vigilancia (FVS) y por resolución designó a las Subgerencias Técnica, Administrativa y Financiera la competencia contractual de dicho Fondo.

Dos meses después, la Subgerencia Administrativa y Financiera suscribió el contrato de arrendamiento antes mencionado, y un día después emitió una resolución en el que justificaba que el proceso se dio de manera directa. Lo que dejaría en evidencia que dicha decisión se habría tomado después de que adjudicó el contrato.

Según la Fiscalía, esas irregularidades se habrían presentado cuando Fabiola Márquez Grisales quedó gerenciando el Fondo de Vigilancia y Seguridad, el cual terminó liquidado por la nefasta administración y reemplazado por la actual Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Durante la ejecución de dicho contrato se presentaron cambios con los pisos que se habían arrendado inicialmente, pero esa situación obligó a una modificación en el objeto contractual que no habría tenido un acuerdo de voluntades y hasta se celebró un nuevo otrosí que modificó lo acordado.

Para la Fiscalía: “Dicha modificación no contó con los amparos de las pólizas, puesto que no se evidencia que las pólizas que amparaban el contrato inicial hubiesen sido expedidas nuevamente, por lo que dicho contrató se ejecutó sin estar amparado contraviniendo lo señalado por la ley”.

El escrito de acusación también explica que el “otrosí n.° 5 del FVS, para la época de los hechos, modifica nuevamente el objeto del contrato, sin que se evidencie nuevamente la expedición de nuevas pólizas, razón por la cual se entendería que dicho contrato no se encontraba amparado”.

El ente investigador también le expuso a la Corte que la supervisión del contrato le envió un oficio a la gerente del Fondo de Vigilancia sobre ciertas irregularidades que se habrían presentado en la ejecución del contrato, pero, aparentemente, no se tomó ninguna medida.

“Se consideran como tales que se hubiese proferido la Resolución 245 del 5 de noviembre de 2014, justificando con este acto la modalidad de contratación directa a llevar a cabo durante el proceso contractual, y de manera extraña, un día antes se hubiera suscrito el Contrato de Arrendamiento n.° 24, esto es el día 4 de noviembre. Sin embargo, la doctora Fabiola Márquez, al momento de su intervención en este proceso contractual, hizo caso omiso a esta irregularidad”, menciona el documento.

Para la Fiscalía, esa conducta insinúa la ausencia de planeación del proceso contractual en términos de las exigencias de la ley de contratación estatal y advierte como irregular que en el primer otrosí que se entregó, se exija la garantía del cumplimiento del contrato. Eso quiere decir que el contrato habría estado desamparado por lo menos 4 meses.

En el otrosí n.° 3, la Fiscalía evidenció que se presentó un “irregular manejo en el proceso de contratación”, después de que se cambiaron los pisos que fueron pactados en el primer contrato y hasta se habla de que Márquez “guardó silencio sobre esta irregularidad”.

“Tales irregularidades fueron afianzadas, ratificadas y reconocidas al evidenciarse la inclusión del otrosí n.° 5, por parte de la doctora Márquez Grisales, como nueva gerente del FVS, al disponer la supresión de la necesidad del piso 36, porque según dijo el literal a, del numeral 6.° (...) se evidencia que el número de pisos contratados supera en casi el 100 % el número de puestos de trabajo requeridos”, explicó la Fiscalía.

Por esa razón, la hoy magistrada del CNE, Fabiola Márquez, se enfrenta a un juicio en la Corte Suprema por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en calidad de autor, teniendo en cuenta que hubo ausencia en los fundamentos de los estudios previos y la verdadera necesidad del millonario contrato.