Nación
Magistrados César Reyes y Misael Rodríguez serían investigados por supuestamente ofrecer beneficios a no aforados en caso UNGRD
A la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes llegó una compulsa de copias de la magistrada Cristina Lombana contra sus colegas de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
SEMANA conoció que del despacho de la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana ya salió la compulsa de copias para la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, contra sus colegas César Reyes y Misael Rodríguez.
Esto, por los supuestos beneficios que le habrían ofrecido a no aforados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, hoy detenida en la Estación de Carabineros de la Policía, en Bogotá, por el escándalo de la UNGRD.
La historia se habría dado el pasado 2 de mayo, cuando la magistrada Cristina Lombana citó a Ortiz (ex alta consejera para las Regiones) para que rindiera testimonio en la investigación que avanza contra los senadores Julio Elías Chagüi y Martha Peralta, dos de los parlamentarios salpicados por la corrupción en la UNGRD.
La exfuncionaria, según conoció SEMANA, llegó a esa diligencia en la Sala de Instrucción en el norte de Bogotá, custodiada por un fuerte dispositivo de seguridad y repitiendo una y otra vez la misma frase: “No tengo garantías”.
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SEMANA conoció que la magistrada Lombana les compulsó copias a sus colegas después de esa diligencia en la que Oswaldo Medina, abogado de Sandra Ortiz, le contó que se reunió con el magistrado César Reyes, actual presidente de la Sala de Instrucción, para saber los beneficios judiciales que la Corte Suprema le podría dar a su clienta.
Esa decisión la habría tomado después de que la Fiscalía General de la Nación le empezó a cerrar la puerta a un principio de oportunidad para Ortiz. Hay que recordar que la exconsejera fue señalada como la “mensajera” que le habría entregado el supuesto soborno de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name.
Pero cobran especial relevancia las últimas revelaciones de Ortiz que van más allá de la simple labor de “mensajera”. La exconsejera del Gobierno Petro también ha contado que el dinero también se habría usado para garantizar la elección de Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, como magistrado de la Corte Constitucional.
En enero de este año, fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron que al interior del proceso contra los congresistas de la Comisión de Crédito Público, al parecer, se estaba evaluando ofrecer beneficios a no aforados dentro de ese caso.
Beneficios a los cuales podrían haber accedido personas como Olmedo López, el exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector jurídico de esa misma entidad; Pedro Melo, y la misma Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quienes no tienen fuero.
Esa sería la razón para que la magistrada Lombana le pidiera a la Comisión de Acusación del Congreso que investigue a sus compañeros y colegas, César Reyes y Misael Rodríguez, con quienes integra la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué dijo el presidente de la Sala de Instrucción?
SEMANA se contactó con el magistrado César Reyes para conocer su posición frente a esta situación y respondió: “Solo buscan deslegitimar la decisión adoptada por la Sala y jamás ni el anterior presidente de Sala, Misael Rodríguez, ni yo hemos ofrecido beneficios a quien aluden en la malintencionada queja”.
