¿Maromas de Gustavo Bolívar para mostrar más ejecución? Funcionarios de Prosperidad Social denuncian parálisis de la entidad

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) es la máquina de hacer política pública del Gobierno nacional, dirigida a la población más vulnerable del país. Según un grupo de funcionarios, la entidad encargada de resolver los problemas más complejos de la población en pobreza y víctima de la violencia está totalmente paralizada.

El DPS ha tenido tres directores y se prepararía para un cuarto, dado que, tarde o temprano, Gustavo Bolívar renunciaría para participar en las consultas de la izquierda de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Por allí han pasado Cielo Rusinque y Laura Sarabia, ambas sin experiencia gerenciando un billonario presupuesto.

Y como ocurre en otras instituciones y ministerios, la ejecución de la plata asignada es un problema, pese a las altas expectativas que dejó la agenda de bienestar social presentada por Gustavo Petro en el Plan Nacional de Desarrollo.

SEMANA conoció que a la Contraloría General y a la Procuraduría han llegado denuncias de funcionarios del DPS en las que piden investigar la gestión de Gustavo Bolívar por la ejecución del presupuesto, pues habría hecho maromas, según ellos, para demostrar cumplimiento.

Se trata del Sindicato de Empleados del Sector Social (Siessocial), que no solo denuncia que la entidad se “detuvo” en esta administración, sino que hizo que los entes de control pusieran la lupa en cómo presuntamente se estaba agilizando de forma artificial la ejecución.

El 13 de septiembre de 2024 enviaron una queja disciplinaria contra Bolívar por no ejecutar el presupuesto del DPS. En el momento, denunciaron una ejecución total del 24 por ciento. De acuerdo con los trabajadores, esto impactó gravemente “la prestación de los servicios esenciales para la población vulnerable, con retrasos en la entrega de los subsidios de Renta Ciudadana y los demás programas y proyectos de la entidad”.

Luego, Bolívar salió a desmentirlos, asegurando que tenía el 97 por ciento del presupuesto de la entidad “comprometido”. Ahí trajo a colación un contrato interadministrativo que suscribió con Findeter por un poco más de 520.000 millones de pesos y cuyo objetivo es construir 150 edificaciones para instalar los Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), donde se ofertarán servicios en municipios PDET.

“Les estamos entregando a cuotas. Aunque lo tengo comprometido, y me comprometo ante ustedes que el presupuesto del DPS se va a ejecutar en más de 97 por ciento este año, no lo entrego, porque es que aquí nosotros no estamos haciendo negocios”, dijo Bolívar.

Pero, el 7 de noviembre, el sindicato envió una denuncia a la Contraloría sobre el contrato, dado que encontraron que se entregaría el 100 por ciento de este antes de que el operador siquiera mostrara un avance de la construcción.

Sustentaron que desde la firma, efectuada en septiembre, le dieron a Findeter –que, a la vez, entrega al operador– más de 173.000 millones de pesos. Luego pagaron otros 173.000 millones de pesos, equivalentes al 33,3 por ciento del monto total, por el soporte de visitas de avance de la viabilización y actas de adjudicación de la contratación. La parte final se otorgaría cuando hubiera soportes de estudios técnicos, licenciamiento y ejecución, previo a la entrega de alguna de las 150 obras.

Con certeza, Prosperidad Social, sin contar con algún resultado concreto, giró más de 346.000 millones de pesos antes de acabarse 2024, que habrían aportado para intentar cumplir las metas de ejecución.

“Con temor presenciamos un riesgo enorme de que al momento de la liquidación del contrato no se cuente con una mínima cantidad de los 150 Puntos de Abastecimientos Solidarios en condiciones operativas”, dice la denuncia del sindicato.

Y otro contrato interadministrativo también llamó la atención, firmado el 5 de diciembre de 2024, por más de 71.000 millones de pesos. Esta vez fue entregado a Innpulsa para colaborar en la implementación del programa Economía Popular para el Cambio.

El sindicato llamó la atención sobre el desembolso, que se realizó con solo los documentos del contrato y una solicitud.

Esto, según Zilia Ruiz Guataqui, presidenta del sindicato, se trata de una estrategia para mostrar resultados sin tenerlos.

“Nos dimos cuenta de que, con total falta de método para poder demostrar ejecución de los recursos, para no tener que liberar, efectivamente hizo contratos con formas de pago en las que entrega la plata, y ahí se evidencia el avance”, manifestó la líder sindical. Y agregó: “Ambos contratos son recursos que no se han ejecutado, pero ya están cancelados”.

La plata que tuvo que devolver

Otro hecho que para los funcionarios demuestra la falta de acción de Bolívar es la ejecución, que pasó de cerca del 60 por ciento en noviembre a casi un 80 por ciento en diciembre. Pero hubo una jugada, según ellos, para poder entregar un resultado favorable en medio de la crítica y escrutinio del presidente Gustavo Petro ante los incumplimientos en direcciones y carteras.

SEMANA pudo constatar que, en el Presupuesto General de la Nación de 2024, la asignación al DPS fue de 10,7 billones de pesos. Esta apropiación se mantuvo hasta noviembre de 2024, cuando solo tenía 7 billones de pesos comprometidos y 6,5 billones de pesos pagados, equivalentes al 60 por ciento del monto total efectivamente ejecutado.

Pues, el mes siguiente, el DPS reportó una apropiación reducida por 2,5 billones de pesos. Descontando las adiciones, se trata de una reducción de casi 1,8 billones de pesos al presupuesto inicial. Esto dejó a la entidad con 8,9 billones de pesos.

La reducción se vio en varios programas sociales, entre ellos Renta Ciudadana, en el que más de 1,67 billones de pesos pudieron haber sido devueltos a las arcas del Estado. También se vieron perjudicados programas para juventudes, acompañamiento a hogares en extrema pobreza, de alimentación y reparación a víctimas del conflicto, entre otros.

Esta devolución llevó a que Bolívar pudiera reportar que cerca del 80 por ciento del presupuesto fue ejecutado y pagado, efectivamente.

“Nosotros entendemos que la ejecución que se anuncia en realidad no parece ser la que corresponde. La ejecución no debe transferir recursos para que otros administren y ejecuten más adelante, sino que debe dar cuenta de cumplimiento de objetos contractuales”, manifestó Ruiz.

De esa forma, los funcionarios piden que se detenga el deterioro del DPS, dado que, según Ruiz, la misionalidad del DPS se ha visto “reducida”.

Al mismo tiempo, ha habido choques entre el grupo de funcionarios y Bolívar, a tal punto que se presentó una denuncia contra el director de la entidad, con fecha del 30 de enero de 2025. La denuncia se interpuso porque Bolívar dijo que el DPS se encontraba “al servicio de los corruptos” en administraciones anteriores.

“Este sindicato no tiene conocimiento de investigación alguna que señale un entramado de corrupción de tal magnitud, que tenga la potencialidad de señalar que toda la entidad se encontraba al servicio de la corrupción”, se lee en el documento, en defensa de los funcionarios.

Recientemente, hubo una interrupción en los servicios de limpieza y cafetería en la sede central, así como en la actualidad se encuentran trabajando sin seguridad.

“Nos preocupan las condiciones laborales. Tenemos temas de incumplimiento de acuerdos y situaciones graves”, agregó.

El DPS es cada vez más débil, teniendo en cuenta que el Gobierno Petro tomó la decisión de quitarle casi la mitad del presupuesto. Ahora, solo cuenta con 5,6 billones de pesos para la vigencia 2025, pese a que tiene el poder de cumplir muchas de las promesas del presidente de la república.

SEMANA intentó comunicarse con Gustavo Bolívar sobre las denuncias de la entidad, pero al cierre de la edición no se había obtenido respuesta.