Más de 1.638 predios con procesos de extinción de dominio anteriores a 2014 no están en manos de la SAE ni de nadie: Contraloría

La Contraloría General de la República logró rastrear y encontrar, hasta ahora, 1.638 predios con medida de extinción de dominio que hoy no están siendo administrados por nadie, cuando debían estar a cargo de la SAE.

El organismo de control está ahora en la tarea de determinar el valor catastral de esos predios, que incluyen apartamentos, casas, fincas, lotes, bodegas, y hasta un centro comercial situado en Bogotá. Con corte a septiembre de 2022, la SAE administra hoy un total de 32.873 inmuebles.

Según la Contraloría, en el tema de los predios con improcedencia, “algo está pasando con la justicia, cuando de 100 predios que se incautan, se devuelven 35. ¿Acaso la imposición de medidas cautelares no tiene el suficiente rigor investigativo? Y es un riesgo porque el Gobierno gasta en administrar estos predios y al final toca devolverlos”, sin contar con las posibles demandas de los afectados por la imposición de medidas cautelares.

Agrega el órgano de control que de los certificados de tradición y libertad revisados con medida cautelar de 2014 para atrás, se han encontrado 1638 nuevos predios y hay 264 predios destinados a fines de reforma agraria o sea que se les extinguió el dominio y se entregaron a entidades como el Incoder.

Una inquietud que plantea el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, es precisamente ¿Qué ha pasado con estos predios entregados a entidades públicas?

En este sentido, la DIARI tiene la intención de mirar más adelante esto. Por ejemplo, qué hizo el Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) con estos predios y cuantas familias se han beneficiado de los predios extintos a favor del estado.

Varios colombianos que se sienten “tumbados” por la SAE

SEMANA conoció la historia de dos personas que recibieron bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y hoy, lo que antes era el sueño de conseguir un carro o una casa de buena calidad, terminó convertido en una pesadilla. Precisamente, esta semana, en alerta se declaró el presidente de la República, Gustavo Petro, por los bienes incautados a la mafia bajo la figura de extinción de dominio,preocupación que expresó el jefe de Estado por los inventarios de dichos inmuebles.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano del Pacto Histórico hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para reconstruir los inventarios. En ese sentido, Petro aseguró que podría estar Colombia ante uno “de los peores hechos de corrupción de la historia”.

Tal es el caso de Juan Gabriel Bohórquez y Sergio Galván, dos colombianos que hoy ven cómo su carro, su moto y hasta un apartamento, siguen allí sin poder usarse aunque los adquirieron en la modalidad de subasta. Como Juan y como Sergio, hay varios colombianos que dicen no tener respuesta y denuncian estar tomando un coctel muy amargo, porque reciben vehículos o apartamentos cuyos papeles están en verdaderos líos judiciales cuya respuesta, cada vez, se ve más lejana.

El primer caso es el de Sergio Galván, quien participó en una subasta a finales de 2021. Sergio adquirió una motocicleta. Desde ahí empezó el calvario. Cuenta que, como era a fin de año, no había manera de entregarle su moto porque, le dijeron en la SAE, era cierre de año fiscal y se “iban de vacaciones”. Cuando empezó 2022, la excusa fue creciendo, porque le dijeron que era necesario dejar al día los impuestos: “Luego vinieron más excusas. El proveedor de los trámites, otra empresa, tampoco responde. Tocó pagar una garantía que me salió más cara que la moto”.

El segundo caso es el de Juan Gabriel Bohórquez, empresario y un hombre que, como muchos colombianos, adquirieron vehículos por medio de la figura de subasta: “En este momento, estamos denunciando al Banco Popular y la SAE, Sociedad de Activos Especiales. Hace un año compramos un carro, una moto. Pasó un año para su entrega. Y ahora, no hay forma de demandar realmente aunque queramos, porque estamos impotentes por los contratos que ellos estipulan para esos vehículos”.

Puntualmente, el carro no puede transitar porque hacen falta papeles y algunos requisitos para poder hacerlo. Sin embargo, como el mismo Juan Gabriel cuenta, la respuesta de la SAE es nula, lo cual aumenta la incertidumbre.