Más de 87.000 millones deberán pagar Centros Poblados, interventor y proveedores, por dejar sin internet a los niños de zonas retiradas

Por fin, el Estado colombiano está tratando de recuperar la fortuna que se embolató con el fallido contrato para llevar internet a las zonas más remotas del país a través del consorcio Centros Poblados, que se ganó la licitación, por más de 70.000 millones de pesos, con múltiples irregularidades. No cumplió con la instalación de los puntos digitales y, en la sombra, estaba el reconocido protagonista del Carrusel de la Contratación, Emilio Tapia, que participo del saqueo las arcas de Bogotá.

La que no logró la Procuraduría, que incluso archivó la investigación contra la exministra Karen Abuninem, y la Fiscalía, al parecer lo está haciendo la Contraloría. Acaba de condenar a integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, firma interventora y empresa proveedora de equipos a pagarle al Estado 87.027 millones de pesos.

La sanción se da por “incurrir en irregularidades en la ejecución del contrato y no cumplir con el objeto de instalar 7.277 centros digitales en zonas apartadas del país, la Contraloría General de la República profirió falló con responsabilidad fiscal en contra de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, así como a la firma interventora y los proveedores de equipos de internet”.

El ente de control fiscal es claro y advierte que “se trató de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, pues no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales que buscaba llevar internet gratuito a zonas rurales de 16 departamentos del país”.

Esta situación conllevó a la terminación anticipada del contrato que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo ($70.000 millones).

Además de la responsabilidad del consorcio Centros Poblados, la Contraloría determinó que hubo omisión en la entrega de los equipos por parte de la respectiva empresa proveedora, y por tal razón también declaró responsable fiscal al representante legal de la empresa distribuidora.

La Contraloría falló responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que las soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, esto es, la totalidad de los equipos necesarios para en cumplimiento del proyecto.

Declarados responsables fiscales en este fallo de primera instancia

Miembros de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia

Fundación dE Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación

Icm Ingenieros S.A.S

Intec de la Costa S.A.S

Omega Building Constructora S.A.S

Representante legal Centros Poblados 2020: Luis Fernando Duque

Miembros Del Consorcio Pe2020 C Digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivera.