Militarizar Cali para retomar el control, buscan lograrlo vía acción popular

Por medio de una acción popular, admitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, un grupo de abogados caleños se propone frenar de un plumazo la protesta que cumple 14 días y cuyo epicentro ha sido la capital del Valle del Cauca, que ha enfrentado una oleada violenta, con fuertes choques entre manifestantes y Fuerza Pública. El saldo fatal es de 35 civiles muertos. Además, los ingresos de la ciudad están bloqueados, impidiendo el abastecimiento.

El reclamo de los siete abogados que presentaron la acción popular tiene que ver con la falta de acción de parte de los encargados de mantener el orden, se refieren al alcalde Jorge Iván Ospina, la gobernadora Clara Luz Roldán, y el presidente Iván Duque, de quienes consideran que no tomaron las medidas para proteger la ciudad y reclaman la intervención inmediata y, si es el caso, militarizar Cali.

Luis Hernando Franco, uno de los abogados que presentó la acción popular argumenta que “por falta de una acción oportuna y contundente de las autoridades, se han coartado las libertades de la ciudadanía, no hay libre movilidad, no hay tranquilidad para andar en una ciudad que se ha apreciado por la calidad de vida. No puedes salir porque no tienes combustibles, no puedes circular en las calles, porque hay bloqueos amenazantes”

Para Franco hay una acción desde el ejecutivo, y señala que “eso no es entendible en una ciudad que tiene un ejecutivo, que tiene a su disposición las Fuerzas Militares, llámese Policía, Ejército o Esmad. No podemos hacer nada porque no tenemos orden. La ciudad está como en una película de terror”.

La acción popular que ya fue admitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, plantea entre sus pretensiones no solo militarizar la ciudad. Además, “Que se ordene a las entidades administrativas demandadas a hacer uso inmediato de la fuerza pública para finalizar con los bloqueos a los que hoy se encuentra sometida la ciudad de Cali y a garantizar el derecho a la libre y segura circulación y locomoción”.

Una de las solicitudes particulares va dirigida a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la que reclaman “retirar de forma inmediata los elementos que estén a su administración y que estén siendo utilizados para fomentar o apoyar los bloqueos de la ciudad”.

Esto por los hechos violentos que se dieron el domingo en lo que se veía a miembros de la Minga Indígena usando sus carros para participar en las protestas, y bloqueando vías. También se veía ese día el fuego cruzado con civiles que usaban armas largas, que son difíciles de conseguir y que solo tienen acceso a ellas las organizaciones criminales.

La solicitud, que debe resolverse en un término de 10 días, plantea también una medida cautelar: “Debido a la gravedad de las violaciones a los derechos colectivos en referencia ya la urgencia de su protección, solicitamos que se ordene que, en el término de las 24 horas siguientes, las entidades demandadas adopten las medidas necesarias para militarizar las vías de acceso a la ciudad de Cali, con el fin de garantizar la locomoción y entrada y salida de insumos alimenticios y médicos de primera necesidad, en conexidad directa con los derechos fundamentales a la salud y vida de los ciudadanos de Cali”.