Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tendrá que responder siete cuestionamientos de la Procuraduría por plan pistola y muertes de policías

El evidente retroceso en seguridad en el país, reflejado en los asesinatos y plan pistola contra policías y militares, generó alarma en la Procuraduría que tomó la decisión de llamar al tablero al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para establecer si se está haciendo la debida verificación e inteligencia para proteger la vida de los uniformados.

El asunto que más llamó la atención fue el decreto, 0448 del 17 de Abril de 2025, mediante el cual se ordenó suspender las acciones militares contra algunas organizaciones criminales, entre ellas las de alias Calarcá, que respondieron al cese al fuego asesinando a militares en el Guaviare.

En el documento de la Procuraduría se pregunta si se ha contemplado modificar o revocar el Decreto 0448 del 17 de abril de 2025, en caso de determinarse que este genera vulnerabilidad a la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública.

La Procuraduría también cuestiona y pide respuestas por los planes para asesinar policías, denominados plan pistola y pide un “informe oficial sobre los hechos mencionados en medios de comunicación y comunicados de prensa, relacionados con el denominado “plan pistola”, describiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar".

Y es que el tema es que la improvisación está costando vidas, por eso la Procuraduría pide explicación de medidas a implementar para salvaguardar la vida de los uniformados.

“¿Qué criterios técnicos, jurídicos e institucionales prevé implementar o aplicar el Gobierno nacional para fortalecer la protección de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, particularmente en zonas de alta afectación al orden público?“, está entre las preguntas del organismo de control.

También cuestiona al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, frente las medidas tomadas con base en las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo con información en territorio.

La Procuraduría pregunta, “¿qué procedimientos o mecanismos de análisis de riesgo han implementado el Ejército Nacional y la Policía Nacional para identificar niveles de amenaza y adoptar medidas preventivas orientadas a salvaguardar la vida de sus integrantes?“.

El detonante de la inconformidad y las preguntas de la Procuraduría fue el asesinato a sangre fría de ocho militares en la región de Guaviare, por parte de las disidencias de las Farc.

Los uniformados se estaban desplazando para disfrutar de un permiso luego de cumplir los cinco meses en la seguridad del espacio de capacitación y reincorporación de los firmantes de paz de 2016. No estaban en un campamento, como descaradamente señalaron las disidencias de las Farc.