El ministro de Justicia, Néstor Osuna, enciende la polémica: “Sí, es mucho más peligroso el alcohol que la cocaína”

Esta semana la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que Colombia tiene un total de 230.000 hectáreas sembradas con hoja de coca en todo el territorio nacional, el informe corresponde al monitoreo realizado para el año 2022. SEMANA habló de este informe con el ministro de Justicia Néstor Osuna sobre los resultados del informe y la nueva política de drogas presentada por el Gobierno nacional.

SEMANA: ¿Cómo recibe el último informe sobre cultivos de coca entregado por las Naciones Unidas?

NÉSTOR OSUNA (N. O.): Ese informe determina que en el año 2022 existían 230.000 hectáreas con cultivos de hoja de coca en Colombia, lo cual implica un incremento del 13 por ciento respecto del año 2021. Si se comparan los resultados del 2021 con los del 2020, había un incremento del 43 por ciento. Entonces, por supuesto que siguió subiendo el número de hectáreas de hoja de coca, pero en una proporción muchísimo menor.

Hay un término con el que todos nos familiarizamos en la época del covid, que era lo de “aplanar la curva”, o sea, al pasar del 41 por ciento al 13 por ciento de incremento realmente lo que está ocurriendo es que se desacelera esos cultivos de hoja de coca. Entonces, lo que entendemos es que hay un cambio de tendencia por múltiples razones que hacen que ya no sea tan atractivo cultivar hoja de coca, entonces, digamos que la forma como lo leemos es que se comienza a aplanar la curva.

SEMANA: Sin embargo, 230.000 hectáreas sembradas de coca sigue siendo una cifra alarmante. ¿Cuál es la meta de gobierno?

N. O.: No es un fenómeno generalizado del país, sino es un fenómeno localizado en Putumayo, Nariño, Cauca y Catatumbo, principalmente. Fíjese usted que el 86 por ciento de los cultivos de hoja de coca están en apenas 52 municipios, que son el 4,7 por ciento del territorio. O sea, no estamos ante un país inundado de coca, sino ante unos problemas locales que vamos a enfrentar con la nueva política de drogas.

Al poner ya en ejecución la nueva política de drogas, con esa ambiciosa apuesta por la sustitución, por la erradicación voluntaria de cultivos, consideramos que esa tendencia a la estabilización y comenzar la disminución se va a comenzar a ver.

Nosotros tenemos proyectado cómo va a ser el panorama en la hectárea de coca para 2026 y, apostándole sobre todo a la erradicación voluntaria, consideramos que puede haber disminuido ese número de hectáreas de las 230 mil actuales a alrededor de unas 150 mil. Eso nunca ha ocurrido en la historia de Colombia, disminuirlas de esa manera.

Este año los resultados van a ser mucho más modestos porque apenas está iniciando y eso se va a ver mucho más ciertamente en los años 2024 y 2025, pero sí consideramos que la tendencia a abandonar los cultivos de hoja de coca en Colombia va a seguir o va a comenzar a tener manifestaciones en la realidad.

SEMANA: ¿Por qué se está sembrando más coca en el Putumayo?

N. O.: Presencia de grupos armados en confrontación, falta de presencia del Estado y frontera con un río que es una autopista.

SEMANA: ¿Se están reorganizando los cultivos de coca hacia zonas de frontera?

N. O.: Sí, claro. La mayor parte de esos cultivos que incrementaron la cifra total están en el departamento del Putumayo y específicamente en la línea de frontera con el Ecuador, desde esa línea y 10 kilómetros hacia adentro.

SEMANA: ¿Cómo van a hacer para que los campesinos dejen de sembrar coca?

N. O.: Inicialmente para esos campesinos pobres, no para todos los cocaleros, para los pequeños cultivadores que son campesinos pobres, tenemos cuatro alternativas a elección de ellos. Una primera opción es para aquellos cultivos que están en zonas protegidas, en zonas selváticas, la posibilidad de pago por servicios ambientales. ¿Eso qué quiere decir? Que si ellos se comprometen a arrancar las hojas de coca, les pagaríamos un salario que les permita vivir dignamente para que ellos permitan que la selva recupere esa frontera natural selvática, es decir, recuperar medio ambiente, reforestar la Amazonía, sería otra forma de decirlo. Esa es una alternativa para aquellos que están en esas zonas.

Otra alternativa para cualquiera de ellos es recibir predios de la reforma agraria que implicaría, por supuesto, un traslado de ellos de los terrenos en los que actualmente están a terrenos dentro de la frontera agrícola, a terrenos que son productivos, a terrenos que quedan cerca de una carretera, de un municipio en el que hay hospital, escuela. Para eso también, claro, el compromiso es erradicar las matas y emprender los negocios dentro de la economía lícita que sean propios de esa reforma agraria y se les adjudicaría ese título en propiedad.

Otra posibilidad para algunos que quieran hacerlo es continuar cultivando hoja de coca, pero con el compromiso de darle usos no narcóticos. Ya tenemos evidencia, ya existen en Colombia fábricas de fertilizantes, de alimentos, de cosméticos, de medicamentos a partir de hoja de coca. Eso, por no mencionar el consumo ancestral indígena de mambeo, que eso no se va a tocar, eso por supuesto que permanecerá protegido por la ley. Colombia podría ser un gran productor de fertilizantes a partir de la hoja de coca desnarcotizada y ya tenemos la tecnología, es más, ya lo estamos haciendo, lo están haciendo particulares, empresas de indígenas Nasa, en el Cauca lo están haciendo y otros en el Huila. Así que esa es otra posibilidad.

La última opción es la que normalmente se ha llamado sustitución de cultivos, es decir, la persona permanece en el mismo terreno en el que ha estado, pero se compromete a transitar a economías lícitas, arrancando las matas de coca y sembrando o dándole a la tierra la actividad que sea propicia de esa región y en eso el Estado les va a ayudar; no como usualmente lo ha hecho, es decir, tome esta platica para que haga lo que pueda, que sabemos que es fallido, que vuelve después atrás y que tiene efecto global, sino diciendo: “Mire, esta vereda, esta región tiene la vocación de ser, digamos, buena para el café. Si se pasan a cultivar café, nosotros vamos a ayudar, no solo con préstamos, sino que vamos a poner la fábrica que permite que ustedes no vendan costales de café, sino frascos de café instantáneo, que es muchísimo mejor negocio que vender el café sin procesarlo”.

SEMANA: ¿De dónde va a salir ese dinero para pagarle un salario a los campesinos que abandonen los cultivos de coca y de cuánto estamos hablando?

N. O.: Para esa parte de pago de servicios ambientales creo que es para la que más hemos tenido ofertas para financiarla por parte de la cooperación internacional, porque es que rescatar la selva amazónica es un asunto que trasciende las fronteras de Colombia.

Entonces, siempre que el presidente va fuera del país, llega con ofertas de pago por servicios ambientales. Así que esa, digamos, es la que creemos que es más fácil de fondear. Eso puede abarcar unas 10 mil familias en el país. Pensemos que se les ofrece un salario semejante a lo que hoy en día ganan, pensemos en 3,4 millones por familia, pues ahí va a tener usted la suma. Pero esa es la que la que pensamos que es más fácil de financiar.

SEMANA: ¿Qué se necesita para que se den usos legales a la hoja de coca?

N. O.: Es necesario facilitar administrativamente el comercio de eso. Mire, como es una hoja de coca que no se utiliza para fines de estupefacientes, pues no está en la ilegalidad, entonces no estoy hablando de un proyecto, ya existe, ellos tienen la tecnología para sacarle a la hoja de coca el componente adictivo y a partir de lo que queda de esa hoja de coca es que se hace el fertilizante y se comercializa. Pero entonces, por ejemplo, claro, tienen dificultades para llevar la hoja de coca de las fincas a la fábrica, porque cuando la llevan todavía no ha sido objeto de ese tratamiento. Tienen dificultades de comercio por la estigmatización que siempre ha habido sobre ese problema, eso por ponerles ejemplo.

Hay otro uso que se le está dando a la hoja de coca, yo he probado gaseosas enlatadas, igualitas a las gaseosas que están en el comercio, pero tienen enormes dificultades para venderlas, no las pueden vender sino dentro de su comunidad. Entonces sí es facilitarles el comercio con una actividad que ya es lícita porque no es producción de narcóticos.

SEMANA: ¿La nueva política de drogas va a dejar de perseguir el narcotráfico?

N. O.: La persecución penal incluso se puede fortalecer, la política que presentamos no es nada concesiva con los narcotraficantes; por el contrario, toda la estrategia va en contra de ellos y es perfectamente compatible con la legislación actual. Es decir, para ponerla en ejecución no es necesario modificar la legislación que prohíbe el narcotráfico, que prohíbe la cocaína, que lo considera delito.

Lo que hacemos es concentrar ese esfuerzo policial en el narcotráfico principalmente, en el lavado de activos, comercio de cocaína, incautación, interdicción. Ahora, todos somos conscientes de que mientras haya demanda de drogas, mientras haya demanda de cocaína, de heroína, de fentanilo, de marihuana, va a haber oferta.

No es realista, pero digamos, en la hipótesis de que pudiéramos erradicar en Colombia toda producción de cocaína, se producirá en otra parte siempre que haya demanda. Entonces, es la solución a mediano plazo, pero una solución que tiene que ser internacional, porque un solo país no puede decidir ahí nada, ciertamente va hacia una regulación sensata, lejana del prohibicionismo algo parecido a lo que ocurre con el alcohol, el alcohol también es adictivo y el alcohol también es estupefaciente o psicoactivo.

SEMANA: ¿O sea que Colombia va camino a la legalización de la droga?

N. O.: Para quienes les preocupa mucho esa situación, lo que les puedo decir es que Colombia no dará un paso alejado de la comunidad internacional. El esfuerzo que haremos en ese sentido es persuadir a la comunidad internacional, que es una cosa difícil y lenta, pero en la cual estamos y de que el paradigma actual no ha funcionado. Y a medida que la comunidad internacional vaya cambiando de paradigma, nosotros iremos ahí.

Hacer futurismo es muy mala idea en la política, pero fíjese, en junio del año pasado se perdió, por unos pocos votos, la posibilidad de retirar de la Constitución la prohibición del comercio de cannabis para uso adulto; pero no era la primera vez que se proponía, la primera vez que se propuso —esta era la quinta— no llegó ni a primer debate. Y esta vez ya llegó hasta el octavo debate y fue por unos pocos votos. Así que yo creo que en cuanto al cannabis estamos próximos a una regulación más sensata.

Y así probablemente avance la humanidad, pero reconozco que en la humanidad y en la política hay zigzagueos, hay avances y retrocesos, por eso no me atrevo a hacer un cálculo, pero pienso que sí sería una muy buena idea para las generaciones futuras tener una regulación de las drogas parecida a la que hoy en día tenemos sobre el alcohol.

SEMANA: ¿Por qué comparar la cocaína con el alcohol cuando se habla de regular el consumo? ¿Es más peligroso el alcohol que la cocaína?

N. O.: Tenemos los siguientes datos: en los últimos 10 años, evidencias por medicina legal muestran que han muerto alrededor de 27.000 personas por sustancias psicoactivas, de esas, 23.000 por alcohol y no se llega a 3.000 por cocaína. Entonces sí, es mucho más peligroso el alcohol que la cocaína.

Por eso es distinta una política basada en evidencias a una política basada en prejuicios y en estigmatización. Pero a pesar de esos datos, a nadie se le ocurre que haya que prohibir el alcohol o que el problema del alcoholismo se resuelva a bala o con cárcel, sino que sabemos, bueno, (que) hay un consumo de alcohol que no es problemático, hay otro que sí lo es. ¿Qué necesita garantizar el Estado? Por ejemplo, que la gente sepa qué es lo que está tomando, sepa qué es un aguardiente o una cerveza, qué tiene, qué no tiene, qué consecuencias hay, y claro, las personas que tienen consumo adictivo, tienen toda una política de salud pública frente al alcoholismo. Que algún día lleguemos a eso con todas las drogas va a ser un avance.

Yo soy de los que no cree que vamos a vivir en un mundo sin drogas, porque es que desde la más remota antigüedad la humanidad ha utilizado sustancias psicoactivas, el licor, el café, el tabaco, las drogas, que cada vez van siendo distintas. Entonces, se necesita una regulación parecida, una regulación sensata en la que la gente sepa qué consume y que podamos reducir los daños.

SEMANA: ¿Cómo se aborda la problemática del consumo desde la nueva política de drogas?

N. O.: Pues mire, ahí lo que al Estado le debe interesar es el consumo problemático, es decir, las personas adictas. Entonces, frente a ellas unas políticas de salud pública, ojalá muy eficientes, muy eficaces, para que sepan qué es lo que se están tomando o inyectando, oliendo, fumando, lo que sea. Y por lo tanto, sepan las consecuencias que va a tener, sepan qué dosis son, así como ocurre con el alcohol, yo sé con qué dosis me pongo alegre y con qué dosis termino en un hospital.

En el caso de la persona que consume heroína, por ejemplo, que sepa qué dosis le produce un efecto y qué dosis lo puede matar. Reducir otros daños como el uso de las jeringas contaminadas y por eso es que hemos pensado que haya unos centros terapéuticos en los que, eventualmente se le suministra de modo controlado a una persona con consumo problemático esa sustancia. Primero, porque se le administra la dosis que no lo va a matar; porque al lado hay médicos y enfermeras que donde llegue a ocurrir cualquier asunto tienen la forma de actuar de inmediato; pero además, porque al lado hay un odontólogo, un nutricionista, un terapeuta o cualquier persona que comienzan a tratarlo, un experto en salud mental, y a lo mejor así logramos sacar a esa persona ese consumo adictivo y recuperarlo para la vida en sociedad, para la vida útil.

En cuanto al consumo no problemático, pues, mire, el Estado está para resolver problemas, lo que no es problemático, pues, libre desarrollo de la personalidad.

SEMANA: Eso ya se intentó en Bogotá mientras Gustavo Petro fue alcalde, ¿qué falló y cómo lo van a corregir?

N. O.: Yo creo que lo que falló fue que no hubo continuidad, que el programa se implementó, pero con el cambio de alcaldía se abandonó. Creo que es eso, pero el programa estaba bien y de ese programa hay muchos ejemplos en muchos lugares del mundo que son exitosos. Es cierto, no es especialmente original, novedoso, no, esto ya está inventado en el mundo y funciona.

SEMANA: Ministro, cambio de tema para preguntarle, ¿qué va a pasar si la Corte Constitucional decide tumbar la ‘paz total’?

N. O.: Si la Corte considera que es inconstitucional la ley, acataremos esa sentencia y la obedeceremos, sin lugar a duda. Y, pues, veremos qué margen nos deja dentro de la Constitución y la ley para actuar. O sea, que si eso ocurre, pues, acataremos el fallo, por supuesto.

La Fiscalía dice que no levantará órdenes de captura que no pertenezcan a grupos guerrilleros o paramilitares. ¿Cuál es la solicitud del Gobierno en casos de miembros de disidencias o bandas criminales?

Cuando ha habido casos de personas que el Gobierno por resolución nombró gestores de paz y la Fiscalía no constató o no quedó persuadida de que formaran parte de un grupo ilegal, pues la Fiscalía no concedió las libertades y el Gobierno respeta esas decisiones.

Es cierto que, claro, no existe un registro, así como existen las cédulas de la ciudadanía, no existe un registro de a qué grupo pertenece una persona y toca mirar si actúa a nombre de ellos, si aparece mencionado por ellos, en fin, y eso puede dar lugar a algunas discusiones que se van resolviendo caso por caso.

SEMANA: Hay muchas críticas a la propuesta de darle un salario de un millón de pesos a jóvenes que están en bandas delincuenciales o jóvenes de primera línea, ¿en qué va ese asunto?

N. O.: Ahí hay dos cosas, una cosa es el programa Jóvenes en Paz, que es jóvenes que están viviendo en un ambiente en el que son fáciles víctimas de caer en la delincuencia. Entonces, lo que se plantea es intentar sacarlos de la delincuencia y traerlos al mundo de la ley ofreciéndoles una alternativa, una posibilidad.

Otra cosa es el de los jóvenes que están en la cárcel por hechos relacionados con el proceso social y que periodísticamente los conocemos como la primera línea. A estos últimos nadie les ha ofrecido, o el Gobierno no les ha ofrecido vincularse a ese programa de subsidios económicos. Lo que el Gobierno intentó hacer, y ciertamente no fue una estrategia exitosa, es la de nombrarlos voceros de paz, con lo cual podrían desarrollar actividades de pacificación fuera de la cárcel. Hubo demasiada oposición, apenas unos muy pocos lograron salir y esos pocos lo han hecho bien, pero no llegan a 10. Entonces, pues, no, ese programa no continuó.