Ministro Eduardo Montealegre explica la polémica reforma de la Paz Total: “No construimos alambrada de impunidad”

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, salió a darle la cara al país después de toda la polémica que se ha generado alrededor de la reforma que les daría beneficios a grupos armados, crimen organizado y a los integrantes de la primera línea.

El funcionario aseguró que este proyecto no tiene impunidad, sino que tendrá unas penas mínimas privativas de la libertad.

El alto funcionario entregó detalles después de las cinco horas que duró el Consejo de Política Criminal, en el cual se discutió el proyecto, que ha generado una ola de críticas por parte de diferentes sectores.

“Ese Consejo de Política Criminal, por mayoría, dio un sí al proyecto de Paz Total, orden público y seguridad ciudadana, que presentaremos el 20 de julio en nombre del Gobierno nacional. Este proyecto es una tercera vía entre las experiencias de justicia y paz, y de la jurisdicción especial, producto de los acuerdos de La Habana”, dijo.

Montealegre también describió la reforma como una mezcla de justicia “retributiva y restaurativa”, y advirtió que “Colombia debe tener la seguridad de que aquí no estamos construyendo una alambrada de impunidad, siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”.

Sin embargo, fuentes internas del Consejo de Política Criminal explicaron que la Procuraduría General de la Nación se abstuvo de emitir un concepto sobre el proyecto de ley porque “no ha sido consultada previamente”, al tiempo que dijo que “hay bastante premura con el proyecto”, cuando es un tema que debería ser tratado con calma.

Por su parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de respaldar la iniciativa por falta de tiempo para discutir y deliberar la propuesta del Gobierno Petro, que se encuentra en sus últimas pinceladas tras el Consejo.

En “la revisión del articulado y la exposición de motivos no se advierte una justificación debidamente sustentada de los desafíos operacionales y el impacto fiscal de la propuesta, dado que se asignan responsabilidades significativas a la rama judicial penal ordinaria (FGN y jueces penales del país)”, advirtió la Corte.

Para el ministro de Justicia del presidente Petro, el Consejo de Política Criminal aprobó una política de Paz Total que mezcla elementos de justicia transicional y sometimiento, con el objetivo de desmantelar estructuras organizadas.

No obstante, la Corte Suprema manifestó la “inconveniencia de combinar” la justicia transicional, asuntos de la justicia ordinaria y temas de seguridad ciudadana, como los delitos y disturbios de orden público de quienes ejercieron su derecho a la protesta.

“En este momento hay negociaciones de paz y de orden público y de seguridad ciudadana con ocho grupos al margen de la ley, tres de la insurgencia y cinco de crimen organizado, que no cometen delitos políticos ni tienen estatus políticos”, dijo el ministro.

Y agregó: “Un centro de pensamiento calcula que pueden existir 30.000 personas armadas en estas organizaciones. Por eso podemos decir que hoy se dio un gran paso para volver a la paz, para seguir construyendo la paz de Colombia y para tener una política seria de mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana”.