Mujer que habría sido violada por guardias del Inpec ahora podría perder a su hijo por polémica decisión del ICBF y de un juzgado

Andrea Valdés vive en estos momentos un doble drama después de que denunció un presunto abuso sexual por parte de dos guardias del Inpec en una cárcel de Medellín y tras la decisión que tomará, en las próximas horas, el ICBF sobre el hijo que está a punto de tener, el cual, presuntamente, se dio producto de las aparentes violaciones.

Ante la solicitud de Felipe Alzate, defensa de Valdés, para que la mujer sea trasladada de manera “urgente” a una Guarnición Militar para que se le garantice la permanencia con su hijo que está por nacer, el juez Francisco Javier Acosta le dejó la decisión al Inpec: “Remítase, con carácter urgente, a la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario“.

La decisión del juez se dio argumentando que la competencia para autorizar los traslados de los privados de la libertad es del Inpec, pero lo insólito es que la propia ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, manifestó en un documento dentro de este proceso que el “juez competente” es el encargado de ordenar traslados.

SEMANA conoció por fuentes dentro del proceso que este martes, 13 de mayo, hay citado un comité para evaluar si Valdés puede ser trasladada al programa de direccionamiento de infantes y gestantes en establecimientos de reclusión, una decisión que le permitiría continuar con el recién nacido a su lado.

Ese comité definirá la suerte de la mujer por requisitos como buen comportamiento, no consumo de sustancias y dependiendo del delito por el que está condenada. Ese sería uno de los principales obstáculos que tendría para ingresar a ese programa y que la alejaría del hijo que decidió tener, a pesar de los aparentes abusos que sufrió por dos guardias del Inpec en la cárcel El Pedregal, en Medellín.

Esa decisión estaría en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual coordina ese espacio junto al Instituto Nacional Penitenciario y la Uspec.

A pesar de esa situación, la justicia decidió no autorizar el traslado de Andrea Valdés a una guarnición especial para que pueda estar al lado de su hijo y tampoco le autorizaron la sustitución de la medida de aseguramiento por prisión domiciliaria.

“Mi representada está próxima a dar a luz —en menos de 15 días— y, en un nuevo evento revictimizante y atentatorio de sus derechos humanos y fundamentales, deberá entregar en custodia a su hijo que está por nacer a alguna fundación o tercero que pueda hacerse cargo”, consideró Alzate.

“Revictimizante” teniendo en cuenta que esta situación que vive la mujer la vive después de que decidió denunciar a dos guardias del Inpec que la habrían violado en la cárcel El Pedregal. Por ahora, el futuro de la mujer junto a su hijo está en manos del ICBF.