Nación
Mujer que habría sido violada por guardias del Inpec puso tutela contra juzgado al que le pidió prisión domiciliaria
La defensa de Andrea Valdés consideró que es “injustificada y excesiva la demora” del Juzgado 13 de Penas de Bogotá para resolver la sustitución de su medida. La Defensoría del Pueblo también hizo llamados urgentes para atender este caso.
SEMANA reveló la historia de Andrea Valdés, la mujer que denunció haber sido violada por dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), al interior de la cárcel El Pedregal, en Medellín, pero ahora vive todo un drama porque sigue custodiada por la entidad de la que hacen parte sus agresores.
Por esa razón, el abogado Felipe Alzate, defensa de la mujer, le puso una tutela al Juzgado 13 de Ejecución de Penas de Bogotá, al considerar “injustificada y excesiva demora” en la respuesta de ese tribunal sobre la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento por prisión domiciliaria.
Aunque los hechos que la mujer denunció ocurrieron en Medellín, terminó traslada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, después de que decidió hacer público el infierno por el que estaba atravesando. Esa prisión actualmente es custodiada por el propio Inpec.
Por esa razón, el abogado de Andrea solicitó que se le sustituyera la medida de aseguramiento a prisión domiciliaria y que su custodia no quedara en manos del Instituto Penitenciario, para proteger su integridad después de las denuncias que hizo.
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Esa petición llegó al juzgado desde el pasado 4 de marzo y días después se remitió un nuevo escrito pidiendo priorización. Incluso la Defensoría del Pueblo tuvo que intervenir para que se tomen las decisiones que correspondan. Sin embargo, hasta el momento, no se ha tomado ninguna decisión, a pesar del grave riesgo por el que atraviesa Valdés.
“Este incumplimiento se agrava aún más y crea un contexto de perjuicio irremediable, cuando la condición de mi prohijada es sumamente delicada, pues no solo se encuentra en estado de gestación —debido a un presunto acceso carnal violento consumado por dos dragoneantes del propio Inpec—, sino también a que ha sido amenazada de muerte”, dice la tutela enviada por el abogado Alzate.
La mujer ha tratado de buscar ayuda hasta con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, pero desde el Gobierno Petro respondieron que no les “compete” atender esta situación. “No le compete brindar asistencia judicial a las personas privadas de la libertad, ni coadyuvar sus solitudes de subrogados penales”, respondió la ministra.
Esta revista accedió al testimonio que Valdés le entregó a un psicólogo de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a donde fue trasladada después de denunciar los graves hechos. Lo más delicado del caso es que, producto de la presunta violación, quedó embarazada y, al parecer, en la misma prisión intentaron darle, sin su consentimiento, un medicamento para obligarla a abortar.
