Al polémico contratista Emilio Tapia le aplicaron una multimillonaria extinción de dominio, luego de que la Fiscalía General de la Nación determinara que varios de los bienes que adquirió habrían sido obtenidos gracias a la corrupción que se desató con el contrato de Centros Poblados, con el cual pretendía llevar internet a las zonas más alejadas del país.
El ente investigador confirmó que, además del empresario, también hubo una pérdida millonaria de propiedades por parte de Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares, quienes también se habrían beneficiado de este escándalo que salpicó al gobierno del expresidente Iván Duque.
En total, fueron 23 propiedades las que quedaron en extinción de dominio, luego de que fueran identificadas como parte del patrimonio de algunos de los implicados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información, cuando la ministra era Karen Abudinem, y la Unión Temporal Centros Poblados, para dotar de internet a escuelas rurales del país.
Las propiedades afectadas por esta medida superan los 65.000 millones de pesos, representadas en predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos comerciales y activos societarios, ubicados en departamentos como Atlántico, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Risaralda y Nariño.
La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho dominio sobre 23 bienes, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato entre MinTIC y la Unión Temporal 'Centros Poblados' para llevar internet a…
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 22, 2025
Desde la Fiscalía confirmaron que “los elementos materiales probatorios indican que los bienes (…) habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal ‘Centros Poblados’”.
En medio de esta extinción de dominio, la Fiscalía también detalló que, por decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General, se aplicó una medida cautelar a un inmueble de las entonces ministras de las TIC, Karen Abudinem.
Desde la Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía explicaron que esas medidas contra Tapia, Abudinem y otros implicados en este escándalo buscan proteger y recuperar los dineros comprometidos en la ejecución del proyecto que pretendía instalar más de 7.000 centros digitales en distintas partes del país.
Esta decisión se conoce horas después de que el polémico contratista Emilio Tapia fuera visto paseando por Barranquilla, acompañado de un fuerte esquema de seguridad, luego de que una jueza lo dejara nuevamente en libertad, en medio de los procesos judiciales que aún enfrenta.
