“Negar este preacuerdo es limitar la verdad”, la defensa de Olmedo López apeló la decisión que tumbó el acuerdo con la Fiscalía

Luego de que la Fiscalía presentó el acuerdo con Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un juez especializado de Bogotá revisó el documento y los argumentos de las partes en este proceso, incluida la defensa del exfuncionario, casi de manera inmediata tomó la determinación de rechazar esa negociación.

El juez advirtió que la pena que se fijó en ese acuerdo resulta irrisoria para el daño causado y la cantidad de dinero que resultó usurpado por parte de funcionarios públicos y contratistas, además del tiempo que la empresa criminal tuvo como oportunidad para delinquir.

“Con relación al aumento punitivo de prisión de 6 meses de peculado por apropiación. En beneficio de terceros y seis meses por el delito de concierto para delinquir agravado estima esta instancia judicial que la misma resulta irrisoria e ínfima si consideramos el tiempo de vigencia de la empresa criminal entre mayo 2023 y mayo 2024”, dijo el juez.

Luego de la decisión del juez, la Fiscalía dijo estar conforme, contrario a la defensa de Olmedo López, que interpuso el recurso de apelación para que el Tribunal Superior de Bogotá tenga en cuenta la colaboración que brindó su cliente en el esclarecimiento de este entramado de corrupción.

“Pese a las circunstancias adversas, la defensa confía en que el honorable tribunal acogerá los argumentos expuestos en la apelación presentada, los cuales fueron respaldados por la Fiscalía, las víctimas y el Ministerio Público. Todos coinciden en que la decisión de improbación desconoce los fines y principios fundamentales de la justicia premial, entendida como una herramienta esencial dentro de la política criminal del Estado colombiano”, dijo el abogado José Luis Moreno.

Para el abogado de Olmedo López, negar el acuerdo de su cliente con la Fiscalía afecta la voluntad de algunos procesados de contar la verdad y del principio de la justicia premial, como una forma rápida, efectiva y reparadora de terminar los procesos, sin el desgaste a la misma justicia.

“Es importante resaltar que la negativa a aprobar el preacuerdo, basada en una supuesta ‘pena irrisoria’, no solo minimiza el valor de la justicia premial como un mecanismo eficaz en la lucha contra la corrupción, sino que también priva al país del acceso a una verdad plena sobre uno de los casos de corrupción más graves y estructurales de la historia reciente de Colombia”, dijo el defensor.

Con la apelación, las partes, incluyendo la Fiscalía tendrán que esperar que el Tribunal Superior de Bogotá defina si la decisión del juez fue correcta o, por el contrario, pueden revivir la negociación con el exfuncionario, una de las cabezas de los hechos de corrupción en la UNGRD.