Néstor Humberto Martínez asegura que “se acabó la leyenda del entrampamiento”

Antonia Urrejola, una excanciller chilena, fue la experta internacional de derechos humanos designada por la ONU para analizar los problemas que ha tenido el Acuerdo de Paz de 2016. Su informe generaba expectativa dados los evidentes incumplimientos que en estos años ha tenido ese acuerdo, por las dos partes firmantes.

En su presentación, Urrejola esgrimió seis puntos claves sobre esos incumplimientos y formuló recomendaciones para contribuir a la construcción de paz en Colombia.

“El informe recoge avances en ciertos aspectos del Acuerdo, referentes a la reforma rural integral y la justicia transicional. Destaca, además, que el 80 % de las personas firmantes del Acuerdo sigue comprometido con el proceso de reincorporación a la sociedad, a pesar de los obstáculos y riesgos para sus vidas”, destacó en un texto la ONU.

Sin embargo, en esos seis puntos hay uno que llamó especialmente la atención. “El informe destaca que los primeros años tras la firma del Acuerdo de Paz fueron cruciales para impulsar su implementación y consolidar la confianza ciudadana en lo pactado, pero que ese periodo estuvo marcado por un contexto político hostil al Acuerdo”, asegura la ONU.

De ahí señala que el informe mencione: “Habría existido, por parte de la Fiscalía General de la Nación, una obstaculización del procedimiento de la JEP en el caso de Jesús Santrich, exintegrante de las Farc-EP y negociador del Acuerdo de Paz”.

El informe recalca que este caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el Acuerdo y en el sistema de justicia transicional. “Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el Acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”, señala el documento.

Sobre este punto, Urrejola urge a la Fiscalía General de la Nación a darle prioridad a la investigación de la denuncia de la JEP de marzo 2023 y a determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable, mediante la conformación de un grupo de expertos y expertas independientes, para coadyuvar y brindar asistencia técnica en la investigación. “La Fiscalía deberá informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación en el plazo de un año”, dijo la experta.

Específicamente, Urrejola habló del punto más polémico de ese caso: si existió o no un entrampamiento.

“Yo no me pronuncio sobre la inocencia de Santrich, pero sí hay una serie de hechos que dan cuenta de un uso abusivo de la acción penal. No concluyo que existió, como dicen en Colombia, un entrampamiento. Me parece que para poder establecer claramente esa responsabilidad es necesaria la investigación penal, por eso las recomendaciones que le hacemos a la Fiscalía. Sí creo que al menos hay ciertas dudas en la falta de colaboración que tuvo la Fiscalía, hay que determinar si tuvo que ver con problemas de funcionamiento, con falta de comunicación o algo más, eso a mí no me corresponde determinarlo. Pero esto tuvo un impacto respecto de la JEP y su labor en su momento”.

Para el exfiscal Néstor Humberto Martínez, estas declaraciones confirman que no existió “un entrampamiento” y que con eso se acabó esa “leyenda”.

En diálogo con SEMANA, el exfuncionario aseguró que con las declaraciones de Urrejola queda claro que “no hubo entrampamiento y lo que ella pide es averiguar si hubo una demora injustificada. La verdad es que no la hubo”.

En el informe llama la atención la razón que la experta de la ONU esgrime para esas demoras. Cuenta, por ejemplo, que la denuncia que la JEP les presentó a funcionarios de la Fiscalía para que los investigaran se perdió. La excanciller expone que, en marzo de 2023, la JEP presentó la denuncia, pero cuatro meses después solicitó a la JEP el reenvío de la denuncia, indicando que habían perdido la versión legible del documento.

Urrejola fue canciller del gobierno de Gabriel Boric, pero fue separada de su cargo en un cambio ministerial, luego de un escándalo en el que se filtraron audios en los que ella criticaba a varios funcionarios de ese gobierno y personalidades, incluido al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa.