Néstor Humberto Martínez lanza grave acusación contra canciller Leyva: “Por una puerta falsa está acabando con la extradición”

Un comunicado emitido por la Cancillería encendió las alarmas de lo que podría ser un desmonte soterrado de la extradición. Néstor Humberto Martínez lanzó la alerta el pasado domingo en su columna en El Tiempo. Allí aseguró que “la extradición está siendo minada por la ‘puerta de atrás’”.

En diálogo con SEMANA, el exfiscal narró con detalles la grave amenaza que, según él, enfrenta este mecanismo de cooperación judicial, que es clave en la lucha contra los más graves crímenes, pero especialmente frente al narcotráfico.

Según el comunicado de la Cancillería, Colombia adelanta conversaciones con Francia y muy pronto será una realidad que “la extradición no se concederá si la persona reclamada tiene nacionalidad de la parte requerida. En otras palabras, Colombia no quedará obligada a entregar a sus nacionales a ese país”, explica el exfiscal.

Martínez asegura que el mismo documento señala que la decisión ya fue acordada. El exfiscal recuerda que Leyva participó como constituyente en la Asamblea de 1991 que abolió ese mecanismo, después de la estela de sangre que habían dejado Pablo Escobar y otros narcos para impedir ser enviados a los Estados Unidos. “Colombia transitoriamente eliminó la extradición. Pero la restableció en 1997″, explica Martínez.

Desde ahí, agrega que “nunca en la historia de la política criminal de Colombia se ha negado la extradición de nacionales colombianos”.

El exfiscal asegura que esta es una vía para lograr al final tumbar cualquier tipo de extradición. “Una vez no exista obligación de enviar un colombiano extraditado a Francia, con una simple tutela podrían acabar con la extradición a cualquier país del mundo. La doctrina constitucional de la Corte dice que por el principio de igualdad no puede haber un tratamiento caprichoso o discrecional”, asegura.

Este no es el único tema que deja claro el interés que tiene el Gobierno Petro en desmontar la extradición.

El exfiscal llama la atención sobre la ley para la ‘paz total’ que estableció “que los desmovilizados que se ubiquen en las zonas de concentración, por ese solo hecho, quedan con las órdenes de captura suspendidas. Eso significa que las circulares rojas de Interpol tendrían efecto en el mundo entero, menos en Colombia”, agrega.

Este fue en su momento uno de los puntos más criticados de dicha legislación, pues abrió esos beneficios no solo a los grupos insurgentes, sino también a los narcotraficantes. “Así se le da un golpe de muerte a la extradición porque es evidente que si se suspenden órdenes de captura de esa manera, la extradición sería imposible”, explica.

La ley dejó claro que existían dos tipos de beneficiarios: los grupos al margen de la ley con los que se adelanten diálogos y las estructuras armadas con crímenes de alto impacto con el fin de lograr su sometimiento. En este último ‘saco’, caben el Clan del Golfo y muchos otros grupos delincuenciales.

“A Colombia le ha costado mucho la extradición. No tiene sentido de que sin hacer debate alguno, por una puerta falsa, por una rendija dolosa, se termine acabando con la extradición, que es una condición que ha venido pidiendo el crimen organizado para someterse a la justicia”, concluye el exfiscal.