Crisis en el ICBF: no alcanzó la plata para algunas ciudades y niños aguantan hambre mientras se estabilizan los contratos

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) arrancó 2025 con 247.000 millones de pesos menos que en 2024. El recorte presupuestal y un supuesto desorden en la contratación tienen a cientos de familias en crisis. Los menores de 5 años y las madres gestantes de las regiones más pobres del país son los afectados.

“Si tenemos para el desayuno, no tenemos para el almuerzo. Si tenemos para el almuerzo, no tenemos para la comida”, fueron las palabras de una mujer de 25 años que espera desde diciembre la reapertura de un centro de desarrollo infantil de Antioquia para que su hija de 4 años vuelva a probar los cinco alimentos del día.

La profesora Sandra Palacios es consciente del drama que padecen las mamás de sus pequeños en el Chocó. Un número considerable de ellas tuvieron que renunciar a sus trabajos para asumir la crianza por completo: “Las raciones que da el ICBF son la salvación para ellas. Siempre me llaman a preguntar cuándo iniciamos y no sé qué decir”.

La angustia también se siente en el Valle del Cauca. Las agentes educativas que salieron a protestar esta semana por el retraso en la operación de los programas del ICBF alertaron sobre las consecuencias de tener las puertas cerradas de los jardines infantiles, donde se previenen y denuncian las violencias que sufren los menores. El Instituto respondió que estos programas no tienen calendario educativo y sería impreciso hablar de demoras: “Estos mantienen el aseguramiento de atención a niños y mujeres gestantes durante 210 días del año. Cada anualidad, su comienzo se da en febrero. Desde 2024 se aseguró la contratación de la modalidad comunitaria”.

Contrario a lo denunciado por las familias y profesoras, la entidad comentó que en todos los departamentos ya se inició la atención de los servicios de primera infancia y espera que todas las direcciones regionales, al finalizar la próxima semana, hayan terminado los procesos contractuales para garantizar la continuidad de estos.

¿Qué hay detrás del problema?

El Gobierno le pidió al ICBF apretarse el bolsillo por la crisis en el presupuesto. Sin contar el efecto del IPC, le restaron a su cuenta 247.000 millones de pesos. La justificación es la misma: el Congreso no aprobó el presupuesto y se rechazó la ley de financiamiento con la que el Ministerio de Hacienda pretendía adecuar la plata de la nación. Con el dinero que le suministraron, la entidad hizo un reajuste que le permitiera garantizar las condiciones de atención sin afectar la capacidad instalada: “Dicho plan implicó la contratación escalonada de servicios y contratistas, así como reajuste en canastas, la revisión en detalle de cobertura y la priorización territorial”.

La directriz fue no afectar a los menores de edad, pero esto no se estaría cumpliendo. Angie Melissa Colorado, agente educativa de Cali, informó que uno de los operadores recortó 60 cupos en su jardín y, en efecto, serán menos las profesionales para atenderlos durante este año: “La carga laboral va a ser mucho más amplia”.

La versión del ICBF es que ya contrató para el resto del año los servicios con mayor cobertura en el país –todas las modalidades comunitarias–, y en la modalidad institucional –como centros de desarrollo infantil– extendió su operación por menos tiempo con la esperanza de encontrarle una solución en el Legislativo y en la reinversión.

“La modalidad institucional, que (tiene) menor cobertura y donde se ha identificado mayor posibilidad de inejecuciones, se (extendió) hasta ocho meses de operación, buscando adicionar los tiempos restantes con recursos de reinversión y adición presupuestal que se solicitará al Congreso durante el segundo semestre”, manifestó el Instituto.

El ICBF, pese a las denuncias de los ciudadanos, no aclaró cuántos menores de edad no están recibiendo atención en sus programas, pero manifestó que en el Plan Nacional de Desarrollo se fijó el objetivo de recibir a 1.900.000 niños y madres gestantes; de ese número, ha admitido 1.670.000 y espera llegar progresivamente a la meta.

Golpe a las ciudades

El ICBF confirmó que redujo la inversión en los convenios establecidos con las ciudades capitales para la atención de los menores, “en tanto sus programas cuentan con capacidad, solvencia y calidad de operación del ente”. El plan es que la plata llegue a las zonas donde se requiere atención prioritaria. Medellín fue una de las afectadas con esta medida.

El alcalde Federico Gutiérrez reveló que tienen un acuerdo por 74.000 millones de pesos para beneficiar a los niños entre los cero y los cinco años. De esta inversión, la entidad le comunicó que solo tiene disponible 20.000 millones de pesos para la vigencia de 2025.

“El Gobierno nacional dejó tiradas a las regiones. La plata no llega. Lo del ICBF es superdelicado. Ningún niño está desatendido porque en la Alcaldía estamos brindando la atención desde Buen Comienzo. ¿Qué vemos acá? Que el Gobierno nacional evade su responsabilidad con los niños en Colombia”, afirmó el mandatario local.

La crítica del alcalde es que el presidente Gustavo Petro y sus ministros tienen un histórico presupuesto, pero los municipios y departamentos están aislados de eso: “La plata de las regiones se va para el Gobierno nacional, pero aquí no vuelve. La pregunta es: ¿qué están haciendo con la plata? Nunca un Gobierno había tenido un presupuesto tan grande”.

El clamor de las administraciones municipales es que el ICBF cumpla con sus obligaciones para proteger a los menores y exija lo mismo a sus operadores. Por ejemplo, en Itagüí, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, 2.300 niños esperan que se habiliten los servicios.

“En Itagüí hay niños que deberían estar aquí, en los centros de desarrollo infantil, comiendo, divirtiéndose, protegiéndolos, y no lo están por culpa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un llamado urgente para que estos centros en Itagüí estén abiertos. Nosotros cumplimos, pero el ICBF no ha cumplido”, dijo el alcalde Diego Torres.