“No solicitar a la Policía medidas de seguridad en favor de Nicolás Petro”, la polémica resolución de la Fiscalía

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, está amenazado, al igual que su familia. En Barranquilla, dijo su defensa, todos saben dónde vive, dónde estudia su hijo y hasta el pediatra que visitan. Denunciaron las amenazas y la Fiscalía advirtió que, como no logró contactarlo, no lo vincularon al programa de protección.

A través de una particular resolución, firmada por la jefa del Departamento de Protección y Asistencia, la Fiscalía notificó al hijo del presidente Gustavo Petro que no formará parte del programa de protección por una razón, insólita, pero contundente: no lograron contactarlo. De paso advierten que no solicitarán a la Policía “medidas de seguridad” para Nicolás Petro.

“Cuarto. No solicitar a la Policía Nacional medidas preventivas de seguridad en favor del señor Nicolás Fernando Petro y su grupo familiar, atendiendo que no fueron autorizadas”, señala la resolución.

Así lo dejaron escrito en la resolución en la que anticipan que hubo una “ausencia de consentimiento”, básicamente que lo buscaron y no lo encontraron. Un argumento muy particular para la Fiscalía que tiene, como ninguna otra entidad del Estado, las formas para ubicar a todos los colombianos, pero en este caso se redujo a unas llamadas y mensajes por WhatsApp.

“Para atender la solicitud se generó la Misión de Trabajo, tendiente a evaluar los factores de amenaza y riesgo, y establecer la idoneidad, importancia y efectividad de la colaboración prestada por la persona en cita, respecto al proceso penal, así como los requisitos dispuestos en el artículo 43 de la Resolución 0-0205 de 2024″, señala el documento.

En la audiencia donde la defensa de Nicolás Petro insistió que su cliente no puede trabajar en Barranquilla, de ahí la necesidad de revocar la medida de aseguramiento que corre en su contra hace más de 18 meses, desde que fue capturado. El abogado Alejandro Carranza insistió en que el exdiputado ha cumplido con los compromisos de la justicia.

“Los fines constitucionales en ese entendimiento equivocado es que Nicolás puede constituir un peligro para la sociedad y que al contrario de las filtraciones de la Fiscalía, dado el trato mediático indigno y mantenerse encerrados en Barranquilla, ya se empiezan a afectar sus derechos”, dijo el abogado en la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento.

Mientras avanzan las diligencias preparatorias al juicio, la Fiscalía insistió en que la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro resulta necesaria para garantizar que asista a las audiencias y, sobre todo, partiendo de la gravedad de los delitos que fueron imputados por el ente acusador y que, en una primera etapa, el hijo del presidente aceptó.

“Para la seguridad de la sociedad, el peligro para la seguridad de la sociedad, de la víctima y, tercero, el riesgo de no comparecencia al proceso o de no cumplimiento de la sentencia, tratándose en la detención preventiva como la que fue ordenada por este delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público”, señaló la fiscal del caso.

Las denuncias por amenazas se mantienen y, paradójicamente, en la misma resolución donde la Fiscalía advierte que no lograron contactar a Nicolás Petro y, por tanto, no lo pueden vincular al programa de protección, insisten en que lo tendrán que notificar de la decisión.