Nueva ponencia en la Corte Constitucional pide tumbar la reforma pensional. El debate arranca el 22 de mayo

Fuentes al interior de la Corte Constitucional le confirmaron a SEMANA que la ponencia de fallo, que se radicó el pasado 15 de mayo, pide tumbar la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ese documento fue radicado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente de esa alta corte y quien está a cargo de la demanda que interpuso la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia.

Esta revista informó hace unos días que en la página oficial de la Corte Constitucional, apareció la radicación de la ponencia y ahora se sabe que su sentido es tumbarla, a pesar de la intervención de varias entidades que han pedido mantenerla.

Uno de esos organismos fue la Procuraduría, la cual, bajo la administración de Margarita Cabello pedía declarar “inexequible” la ley por vicios de trámite en el Congreso, pero con la llegada de Gregorio Eljach, el ente de control cambió de opinión y le pidió a la Corte que mantenga la reforma al sistema de pensiones colombiano.

“El Ministerio Público le solicita a la Corte Constitucional, de modo respetuoso, que declare la exequibilidad de la Ley 2381 de 2024, conocida como reforma pensional, como quiera que en su itinerario legislativo no se presentaron irregularidades de trámite con entidad de vicios de constitucionalidad", fue el reversazo de Eljach.

De hecho, en el orden del día de la Sala Plena de este 22 de mayo, los nueve magistrados de la Corte Constitucional, agendaron la discusión sobre la pensional en el proceso que adelanta el magistrado Ibáñez Najar. Este jueves se empieza a definir uno de los proyectos clave del Gobierno en su control de constitucionalidad.

Lo cierto es que ese debate se dará con el otro capítulo que le salió a la pensional, después de que el presidente de la Corte Constitucional le pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, las pruebas contra Iván Name y Andrés Calles, quienes habrían recibido 4.000 millones de pesos para apoyar las iniciativas del Gobierno, entre ellas, la que hoy se estudia en el alto tribunal.

Frente a ese panorama, expertos constitucionalistas como Germán Calderón España explicó: “La reforma adolece de un vicio, ya no de forma, sino material, porque, como lo ha dicho Sandra Ortiz, dineros destinados a garantizar el agua de los niños de La Guajira se utilizaron en actos de corrupción para lograr las mayorías en esa reforma. Este vicio es insubsanable”.

La Agencia Jurídica del Estado, entidad que forma parte del Gobierno, se le plantó a la Corte Constitucional y afirmó que no tiene “competencia” para pedir pruebas del caso UNGRD, pues la demanda contra la pensional se basó en unos vicios de trámite, lo que no tendría relación con las investigaciones penales.