Nueva retractación a Petro: Corte Constitucional le ordena pedir disculpas por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas

La Corte Constitucional le ordenó al presidente Gustavo Petro que se retracte y presente excusas públicas, después de que calificó a las periodistas como “mujeres de la mafia”, en medio del acto de posesión de Iris Marín como defensora del Pueblo.

La Sala Plena ordenó “al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se retracte y presente excusas públicas a las accionantes y a las mujeres periodistas por las declaraciones rendidas en el acto de posesión de la defensora del Pueblo”.

La Corte le aclaró al jefe de Estado que la retractación la debe hacer a través del mismo formato en el que expresó las “afirmaciones estigmatizantes”, es decir, por medio de una alocución presidencial, dirigida específicamente a la orden del alto tribunal.

En la decisión también se ordenó al “presidente de la República, Gustavo Petro Urrego que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, tanto en el video contentivo de su alocución como en su transcripción consigne una nota aclaratoria en la que conste que las manifestaciones que asocian a las periodistas con muñecas de la mafia y las señala como responsables de haber construido la tesis del terrorismo”.

La Corte Constitucional también le pidió a Petro que se abstenga de emitir mensajes o manifestaciones públicas por cualquier medio de la Presidencia, así como publicar contenidos que vulneren los derechos a la no discriminación y a una vida libre de violencia.

En el fallo también se exhortó al Congreso para que “cumpla con las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y por la Organización de los Estados Americanos en relación con la prevención, protección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital”.

La Corte consideró que los pronunciamientos del mandatario no pueden ser contrarios a la protección de los derechos y las libertades de las personas. La Sala hizo referencia a los deberes constitucionales de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer en el ámbito público.

Asimismo, destacó “el especial riesgo que asumen las mujeres periodistas a ser víctimas de violencia basada en el género, así como las barreras que deben enfrentar para acceder y ejercer la labor periodística”.