Nuevas imputaciones de la Fiscalía por el proyecto Hidroituango, ¿quiénes aparecen en el listado?

Un exdirectivo, un interventor y un contratista del Proyecto Ituango de EPM ESP, terminaron imputados por hechos irregularidades y daño al medio ambiente. La Fiscalía tiene evidencia que advierte que recursos públicos fueron apropiados por la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM) en favor de los contratistas, a través de la celebración de las actas modificatorias.

Se trata del exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango de EPM ESP, Jorge Ignacio Castaño Giraldo; al representante legal del consorcio constructor CCC Ituango, Santiago García Cadavid; y al representante legal y gerente de la interventoría del proyecto, Álvaro Aravi Castro Vásquez. Los tres fueron imputados por Fiscalía.

De acuerdo con la Fiscalía y la evidencia recopilada por los investigadores del caso, en el proyecto hubo acuerdos irregulares entre las partes para modificar los contratos de obra y de esta manera beneficiar a los contratistas, incluso con la manipulación de la interventoría, la encargada de vigilar el cumplimiento de los mismos.

“Los elementos materiales probatorios indican que la decisión de implementar el Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) de Hidroituango, que se construyó para desviar el río Cauca; y la puesta en marcha de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) fueron concretados con la suscripción de actas de modificación bilateral a los contratos de obra principales y de interventoría”, señaló la Fiscalía.

Los investigadores fueron más allá y advirtieron que durante la ejecución del contrato se fugaron dineros públicos, que terminaron en manos de contratistas con maniobras fraudulentas, auspiciadas por los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Medellín y que en otros procesos fueron materia de investigación.

“Esto representó la disposición de recursos del erario, en tanto fueron apropiados por la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM) en favor de los contratistas, a través de la celebración de las actas modificatorias para la ejecución de obras no licenciadas y efectivamente pagadas, por un valor superior a 339.107 millones de pesos”, advirtió el ente acusador.

Según la Fiscalía, los ahora imputados cambiaron los diseños originales y eso terminó afectando el medio ambiente, al tal punto que se puso en riesgo la vida de los pobladores y generó una alerta sin precedentes en la región. Se mantuvo a las comunidades en riesgo y el Gobierno se tuvo que movilizar con urgencia.

“El contratista de obras principales, el Consorcio CCC Ituango representado por Santiago García Cadavid; junto con la interventora, Consorcio Ingetec - Sedic, en cabeza de Álvaro Aravi Castro Vásquez, presuntamente impusieron a la generadora eléctrica un funcionamiento no previsto en el diseño original, con consecuencias negativas para los recursos naturales y el medio ambiente, y en la zona de influencia del proyecto, en la cuenca media y baja del río Cauca”, anticipó el fiscal durante la imputación.

El Grupo de Trabajo de Hidroituango, adscrito a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, imputó los delitos de daño en los recursos naturales y peculado por apropiación. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad, se declararon inocentes.