El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría una red de corrupción que estaría funcionando al interior de su cartera con la venta de certificados que habilitan la producción y comercialización de sustancias químicas controladas.
En un documento corto, pero contundente, enviado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al procurador general, Gregorio Eljach, el ministro Idárraga explicó que la situación la conoció en medio del proceso de empalme que al interior de esa cartera que antes estaba liderada por Eduardo Montealegre.
En medio de esa tarea, al actual ministro de Justicia encargado le informaron “el día de hoy (17 de diciembre) por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno de presuntos hechos de corrupción que se habrían presentado desde septiembre del año 2024 en el proceso de expedición y/o renovación de certificados de carencia, al parecer por prácticas corruptas al exigir dinero o dádivas por dichos trámites”.
Un certificado de carencias es el documento que expide el Ministerio de Justicia para autenticar que una persona o empresa no tiene antecedentes por tráfico de drogas o delitos relacionados, y es un requisito fundamental para las compañías que manejan legalmente sustancias químicas controladas, como precursores para uso industrial.
Idárraga también le contó a la Fiscalía que esa situación la conoció por medio de una denuncia que llegó por parte de uno de los afectados desde septiembre del año pasado, razón suficiente para que le diera traslado a la denuncia al ente investigador liderado por Luz Adriana Camargo.
“Debido a la presunta gravedad de los hechos, se solicita a la señora Fiscal General designar un fiscal competente y un equipo de técnicos investigadores a fin de poderles entregar por parte del área competente las pruebas recaudadas hasta el momento”, dice el documento.
El ministro Idárraga también le pidió al procurador general Gregorio Eljach que disponga del equipo necesario para empezar una vigilancia preventiva de la función pública que permita vigilar el proceso de control y fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes del Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta la grave denuncia.
