Nuevo proceso contra el gobernador de Chocó, por no garantizar el Plan de Alimentación Escolar a 60 mil niños, niñas y adolescentes

SEMANA conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, y al secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña Mosquera, por la presunta omisión para garantizar los servicios del Programa de Alimentación Escolar, con lo que pudieron verse afectados más de 60 mil niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la Procuraduría, la Regional de Instrucción de Chocó sostuvo que en este segundo semestre de 2023 la operación habría sido suspendida, y que a pesar de que los menores retomaron sus actividades académicas desde inicios de julio, y del compromiso de normalizar el PAE desde el 15 de agosto, en 16 municipios no hubo suministro de alimentos.

Por la misma razón, el Ministerio Público abrió investigaciones disciplinarias a los 16 alcaldes municipales de Carmen de Atrato, Bahía Solano, Medio San Juan, Medio Atrato, Río Quito, Río Iro, Bojayá, Condoto, Bajo Baudó, Nóvita, Lloró, Cantón de San Pablo, Río Sucio, Medio Baudó, Sipí y Nuquí, lugares en los que tampoco se ha cumplido con los compromisos adquiridos en materia de alimentación escolar.

El Ministerio Público decretó la práctica de varias pruebas para esclarecer la situación y determinar si los funcionarios cometieron faltas disciplinarias.

Los líos judiciales del gobernador Ariel Palacios

El gobernador Ariel Palacios actualmente enfrenta un proceso penal por las irregularidades en la celebración de un contrato de 220 millones de pesos para la compra de elementos de bioseguridad para apaciguar la crisis generada por el covid-19.

Palacio fue señalado por la Fiscalía General de entregar directamente el contrato a un empresario, quien participó activamente en su campaña, pese a que no contaba con la experticia para el suministro de este tipo de elementos de protección.

Por estos hechos de corrupción, el 22 de marzo de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior lo cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria y, además, ordenó la suspensión de su cargo con el fin de proteger los recursos del departamento, uno de los más pobres y donde reina la desigualdad.

Sin embargo, el pasado 22 de febrero, el mismo Tribunal ordenó su libertad por vencimiento de términos, es decir, se superaron los tiempos que fija la ley para el inicio del juicio por los delitos de celebración indebida de contratos y prevaricato por omisión.

Palacios, según denunciaron, quería volver al cargo a como diera lugar, por lo que empezó una batalla jurídica para sacar de la Gobernación a Farlin Perea Rentería, quien fue designada como encargada por medio del decreto 1577 del 5 de agosto de 2022.

En abril pasado, se radicó una tutela de Palacios reclamando la protección de sus derechos al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y ejercicio de sus derechos políticos a elegir y ser elegido. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia le cerró la puerta y rechazó los argumentos de la acción judicial y negó el amparo constitucional.

Regresó al cargo por la fuerza

En junio pasado, y pese a las investigaciones en su contra, el gobernador Ariel Palacios, por la fuerza, cambió las guardas de la Gobernación y, sin ninguna orden judicial o administrativa, retomó el cargo.

Una vez recuperó la libertad, el gobernador se fue hasta una Notaría para que lo posesionaran. Tras la negativa, se contactó con la gobernadora encargada para fijar una reunión y hablar del tema. Sin embargo, debido a que la mandataria encargada no lo pudo atender porque estaba con una emergencia, aprovechó la situación para ingresar por la fuerza junto a sus colaboradores de confianza y exfuncionarios a la sede de la Gobernación en Quibdó.

“Se tomó por vías de hecho la Gobernación y está despachando, ejerciendo funciones de gobernador”, explicó la gobernadora encargada en entrevista con SEMANA. “Yo no pude volver a ingresar a la Gobernación, todas las cosas de mi equipo se quedaron allá, no pudimos ingresar para nada”.

Explicó que, con cerrajero en mano, Palacios cambió todas las chapas, impidiendo así que alguien ajeno a él y su equipo volviera a ingresar. “Se queda allá y declara insubsistente a todo el gabinete”. La mandataria encargada advierte que el vacío jurídico, motivado por una respuesta del Ministerio del Interior, afectó la situación.

Hay un limbo jurídico, se tomó las vías de hecho, porque el Ministerio no fue claro, va con un cerrajero, cambian las chapas para poder ingresar, entran y se queda allá, declara insubsistente todo el gabinete”. Este “limbo jurídico” le permitió tomarse las vías de hecho “porque el Ministerio no fue claro”.

Los chocoanos aseguran que esto podría marcar las elecciones de un departamento que ha estado rodeado por la crisis, no por nada han tenido 13 gobernadores en 14 años. Los ánimos en el departamento están “caldeados”.