Operación Silencio: corrupción en el Ejército

“Esto es por orden del comandante del Ejército, mi general (Nicacio) Martínez, por todo lo que ha pasado en estos días  y para saber quiénes están detrás de todo esto”. Con esta frase, un sargento comenzó a explicarle al oficial que tenía al frente las razones por las cuales le iban a realizar una entrevista previa a una prueba de polígrafo.

El oficial que iban a interrogar fue citado de urgencia junto con otros 14 militares –que se encontraban en distintos lugares del país– a la sede de la segunda División de Bucaramanga. Las razones que les dieron para citarlos el pasado 22 de mayo fueron distintas, pero la realidad era una sola: saber quiénes contaron a algunos medios, en particular a The New York Times, sobre unas polémicas directrices que exigían doblar los resultados en el Ejército y que podrían ser la semilla para volver a las épocas de los falsos positivos.

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“Cuando llegamos nos dimos cuenta que era para algo raro. Ahí fue que nos dijeron que nos iban a hacer unas entrevistas y después polígrafos a todos. No entendíamos qué era lo que estaba pasando o qué teníamos que ver con ese tema”, explicó uno de ellos a SEMANA. “En el lugar había un componente grande de oficiales y suboficiales de contrainteligencia quienes realizaron algunas entrevistas a los que estaban. Todo eso había sido coordinado el día anterior por mi general Quirós que fue el que los llevó”, contó el uniformado, que no quiso revelar su nombre por motivos de seguridad como la mayoría de los entrevistados en este informe debido a las amenazas y a las posibles represalias.

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Estos son varios de los sufragios que llegaron a algunos uniformados y sus familias como parte de una campaña de intimidación. También a periodistas de SEMANA.

Mientras el grupo de militares esperaban a ser interrogados, uno de los sargentos encargados de las entrevistas le dijo al oficial sentado frente a él: “Tenemos instrucciones claras de mi general Quirós de agotar todos los recursos para dar con los responsables”. Se refería a las órdenes del general Eduardo Quirós, comandante del Comando de Apoyo de Contrainteligencia.

Cuatro días antes, el 18 de mayo, el diario estadounidense The New York Times, había publicado en su primera página de la edición dominical, un reportaje en el cual denunció la existencia de formatos y órdenes que habrían sido emitidas por el actual comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en los cuales exigía a sus hombres duplicar todos los resultados. No se trataba de un asunto menor pues dentro de esas variables, que incluían capturas y desmovilizaciones, se pedía duplicar el número de bajas. Para muchos esas directrices podrían revivir la macabra práctica que terminó con el asesinato de más de 2.500 jóvenes inocentes que hace una década fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

Aunque inicialmente el Ministerio de Defensa y el Gobierno nacional trataron de defender el tema, ante el escándalo internacional que se desató, el Ejército retiró esas directivas dos días después de la publicación del diario estadounidense.

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Aunque hacia afuera la tormenta por el escándalo amainaba, dentro de las filas había rayos y centellas. “Se desató una cacería impresionante. Nos preguntaban quiénes de nosotros eran los que habían hablado con los periodistas y como parte de toda esa cacería nos hicieron esas entrevistas”, contó uno de los uniformados que estuvo esa mañana en la unidad militar de Bucaramanga.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha realizado graves cuestionamientos contra el comandante del Ejército y otros generales.

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Sin embargo, lo que estaba ocurriendo dentro de esa instalación castrense se filtró. El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, la Procuraduría, varios medios de comunicación y periodistas comenzaron a preguntar por redes sociales por qué los tenían reunidos en esa sede y las razones por las cuales ocurría esa “cacería” para intentar dar con las fuentes de la información.

Para tratar de lidiar con lo que se estaba convirtiendo en un nuevo escándalo, los citados a los interrogatorios recibieron la orden de dispersarse para que no los vieran en la guarnición militar. Simultáneamente el comandante de la Segunda División del Ejército, general Mauricio Moreno, emitió un comunicado en el que afirmó que “las versiones publicadas en diferentes medios y redes sociales, sobre supuestas indagaciones para ‘identificar fuentes’ relacionadas con una publicación o sobre supuestos usos de polígrafos, no son ciertas y tampoco tienen fundamento de ninguna especie”. Sin embargo SEMANA tiene en su poder testimonios, audios y fotografías que demuestran que sí los congregaron y varios fueron interrogados.

Por medio de este comunicado la Segunda División del Ejército negó que el pasado 22 de mayo en la sede de esa unidad militar en Bucaramanga se hubiera convocado a un grupo de uniformados para realizarles pruebas de polígrafo como parte de una “cacería” y anexaron estas fotos de una reunión para temas de medioambiente como prueba. Sin embargo, SEMANA tuvo acceso a testimonios, fotos y videos que demuestran que sí reunieron a militares para interrogarlos con el fin de establecer quiénes fueron las fuentes de los periodistas.

Este episodio es solo la punta del iceberg de una estrategia de silenciamiento y persecución a muchos militares que buscan denunciar varios hechos graves que vienen ocurriendo y que van desde las denuncias de ejecuciones extrajudiciales hasta actos de corrupción, pasando por las confesiones que están haciendo varios militares ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) por lo que sucedió en la época de los falsos positivos hace más de una década.

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Temporada de cacería

SEMANA habló con más de 20 militares que han recibido todo tipo de amenazas, ellos y sus familias, por tratar de contar la verdad. Unos lo hicieron porque no están dispuestos a jugarse su reputación o su futuro participando en dinámicas que los pueden llevar a violar los derechos humanos. Y otros porque tienen información o han denunciado actos de corrupción de altos oficiales en el Ejército. En el proceso de investigación SEMANA logró recoger testimonios, audios, videos, fotos y documentos que corroboran las denuncias.

“Tengo compañeros, amigos, que perdieron la libertad, sus familias y todo su patrimonio pagando abogados por culpa de haber cumplido esas órdenes en el pasado (falsos positivos). Yo no estoy dispuesto a tener ese destino y prefiero pedir el retiro a cumplir lo que nos están pidiendo, afirmó un militar, con más de 20 años de carrera.

Otro uniformado, con múltiples condecoraciones y herido en combate, quien no estaba de acuerdo con las directrices y quiso denunciar contó que “a mí me hicieron llegar a mi celular fotos de los seguimientos a mis hijos menores de edad en el colegio. También de mis padres, que ya son personas mayores”, afirmó mientras enseñaba las fotos de esos seguimientos.

Un tercer uniformado, que hace parte de una Fuerza de Tarea y está en una de las zonas más convulsionadas del país afirmó: “Mientras yo estaba en operaciones, me dejaron anónimos y sufragios en la puerta de mi casa en los que decían que por sapo me iban a matar a mí y a toda mi familia”, contó mientras enseñaba los intimidadores mensajes. Otro más, desplegado en el sur del país y al mando de más 4.000 hombres, dijo: “Los teléfonos son intervenidos incluso pagando a gente de las salas de interceptación de la propia Fiscalía para chuzar ilegalmente las comunicaciones para saber qué hablamos y con quién”.

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En el proceso de investigación de varios meses, los periodistas de SEMANA y sus familias también recibieron sufragios, mensajes intimidadores y fueron víctimas de seguimientos. “Los seguimientos son permanentes. Usted no se puede mover de su oficina a su casa sin que tenga un par de tipos siguiéndolo para ver con quién habla o con quién se reúne”, dijo otro uniformado quien ha recibido varias medallas al valor. Mientras este oficial hablaba con SEMANA en un sitio público ocurrió  uno de estos seguimientos.

Al percatarse de la situación, el militar que estaba siendo entrevistado decidió enfrentar a uno de estos personajes arma en mano y, tras un breve cruce de palabras de grueso calibre, se logró establecer su identidad. El hombre que hacía el seguimiento (con un compañero en moto) terminó confesando que era parte de “grupos especiales de contrainteligencia”, que tienen la misión de identificar y presionar a los que están contando lo que pasa.

Esos mismos “grupos especiales” que hoy están amenazando de muerte a militares activos y sus familias para evitar que digan lo que saben, también estarían detrás de las fuertes presiones e intimidaciones contra los uniformados retirados que están hablando en la JEP sobre lo que sucedió en los episodios de los falsos positivos.

 Ante la magnitud del cerco y las presiones,  la magistrada de la sala de reconocimiento y verdad de la JEP, Catalina Díaz, dijo a SEMANA que integrantes de la fuerza pública que están confesando lo que saben ante la justicia transicional y denunciando a sus superiores han sido amenazados de muerte, “Luego de venir a atender las versiones voluntarias han sido amenazados, seriamente amenazados, a tal punto que hemos decretado medidas cautelares debido a que la propia JEP, en el estudio de riesgo, confirmó que estaban en una situación extraordinaria”, dijo la magistrada.

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Mientras un militar estaba en reunión con un periodista de SEMANA en un sitio público, este hombre –junto con otro que lo esperaba a pocos metros en una moto– realizaba labores de seguimiento. Al confrontarlo contó que pertenecía a un “grupo especial de contrainteligencia”.

De la misma forma tres abogados que representan a militares retirados ante la JEP –y que por seguridad pidieron omitir sus nombres– confirmaron las intimidaciones. “A la esposa de uno de mis clientes la cogieron entrando a su casa y le advirtieron que le dijera a su marido que si seguía hablando lo iban a matar a él y a toda su familia”, contó uno de los abogados. De esta situación también ha estado enterada la Procuraduría General, a donde también han llegado algunas denuncias (ver artículo siguiente).

 La operación de silenciamiento también incluye traslados masivos de militares. “En las últimas semanas se han ordenado más de 100 traslados. No son traslados rutinarios ni por necesidades del servicio. Hay oficiales que apenas llevan seis meses en sus cargos y los trasladaron como parte de esa cacería que hay”, afirmó otro uniformado. SEMANA tuvo acceso a varias de esas listas de traslados que confirman la denuncia.

Operación money

Este fue el artículo de The New York Times que desató el escándalo. Pero desde antes de su publicación ya había una cacería para encontrar a los militares que estaban denunciando.

En efecto, parte de esa especie de operación silencio, también tendría que ver con el interés de algunos altos oficiales de que no se conozcan investigaciones o procesos por actuaciones non sactas. Algunas se adelantaron internamente y hoy duermen el sueño de los justos. Otras alcanzaron a llegar a la Fiscalía en donde, a pesar de la gravedad y contundencia de las pruebas, misteriosamente no han avanzado.

“Yo ya estaba cansado, desesperado. Cada rato me tocaba mirar de dónde sacaba plata para mandarle a mi general. Cada rato me pedía que para alquilarle un carro a la mujer que iba de vacaciones a Estados Unidos, que para los hijos, era todas las semanas. Me tocaba pedirles plata a los proveedores para dársela a mi general. Yo varias veces pedí que me trasladaran porque ya estaba cansado de tener que buscar plata donde fuera para dársela, fueron más de 50 millones”. Este es uno de los apartes de una contundente declaración de un oficial que contó en la Fiscalía lo que debía hacer para entregarle dinero de manera irregular a un general de la actual cúpula.

 “A mí el general me dijo que manejáramos en sobre cerrado todo lo que tenía que ver con los permisos, es decir que le diera la plata a él para autorizarme los salvoconductos para poder portar las armas”. Esta declaración, que también reposa en la Fiscalía, hace parte de un extenso relato que entregó uno de los más importantes empresarios de Antioquia y quien denunció cómo otro general que básicamente le pedía dinero a él y a otras personas a cambio de autorizar permisos para porte de armas.

No menos preocupante es la investigación que la DEA adelanta en contra de un general retirado, visitante asiduo del comando del Ejército, el cual está en la mira de la agencia antidrogas y la Fiscalía por sus vínculos y negocios con un polémico personaje conocido con el alias del Ñeñe, asesinado hace un mes en Brasil, y a quien las autoridades señalan de haber sido parte de una organización criminal de La Guajira del tristemente célebre capturado Marquitos Figueroa. Estos son tan solo algunos de los casos por los cuales también se ha desatado una cacería.

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Varios de los militares retirados que están confesando y delatando a sus superiores en la JEP con el tema de los llamados falsos positivos han sido amenazados, al igual que sus familias y sus abogados.

De las manzanas podridas al valor de la institución

Sin duda resulta preocupante el tema de las amenazas e intimidaciones contra aquellos que valientemente están dispuestos incluso a arriesgar sus vidas por proteger la integridad del Ejército. Es más que justo reconocer que lo que está ocurriendo no se trata de un tema institucional, sino de las actitudes de círculos de personas que aprovechando sus posiciones privilegiadas de mando pueden llevar al Ejército a revivir épocas oscuras.

Es importante exaltar el valor de muchos miembros del Ejército que, en aras de defender la integridad y honor de la institución, se atreven a hacer estas denuncias aún poniendo sus vidas en peligro. “Acá han tratado de vender internamente que las denuncias que se están conociendo y lo que está pasando es un ataque contra todo el Ejército, buscando crear una solidaridad mal entendida de cuerpo. Y eso no es cierto. Somos más de 200.000 hombres y mujeres honestos que todos los días nos la jugamos por el país y ahora por culpa de un pequeño grupo de superiores involucrados en corrupción va a terminar sacrificada toda la institución. El fondo de la cacería no es solo para saber quién contó lo de las directivas de resultados. El verdadero fondo también es evitar que se conozcan otras cosas de algunos que están al frente de la institución”, afirmó uno de los uniformados.

Esto muestra que lo que está ocurriendo no es un tema institucional ni generalizado, sino producto de grupos con poder y mando, mal enfocados y que pueden hacerle mucho daño al Ejército. “El país le perdonó al Ejército una vez lo que pasó con el tema de los falsos positivos. Pero no nos va a perdonar dos veces si volvemos a lo mismo. Nuestro Ejército había aprendido de sus errores y había corregido el rumbo para hacer lo que nos ordena la Constitución que no es otra cosa que defender la vida de los colombianos”, dijo a SEMANA un militar hace varios meses cuando aún no eran públicos los formatos y las órdenes que reveló The New York Times.  

Varios sectores critican que el Ejército se adormeció y que perdió su capacidad de acción y de entregar resultados en la lucha contra las guerrillas y las organizaciones criminales. Sin embargo, una cosa es exigir resultados, y otra muy distinta crear incentivos perversos y dinámicas que pueden llevar a épocas del pasado que ni el país, ni el Ejército quieren revivir.

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