Ordenan pruebas para verificar si el Ministerio de Salud está cumpliendo orden sobre mesa para reajustar la UPC

La Corte Constitucional acaba de ordenar una serie de pruebas para verificar si se está cumpliendo la orden de instalar una mesa técnica para reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud, y si los diferentes actores del sector salud están participando en ese espacio para que sea un ejercicio transparente y representativo.

La decisión se dio después de que al alto tribunal le llegaron varios conceptos de la Procuraduría, el Congreso y organizaciones del sector salud, alertando que la mesa técnica para reajustar el valor de la UPC estaba teniendo una serie de inconsistencias que afectan la orden dada por la Corte Constitucional.

En el documento en el cual se ordenaron las pruebas, conocido por SEMANA, apareció el concepto de Pacientes por Colombia, organización que consideró: “El MSPS (Ministerio de Salud y Protección Social) busca dilatar y desconocer el cumplimiento del Auto 007 de 2025 de la Corte, lo que afecta la financiación del sistema de salud y el acceso a tratamientos para los pacientes. Además, criticó que el ente ministerial sugiera una ‘extralimitación de funciones’, porque en su parecer la Corte está asumiendo competencias del Ejecutivo y del Consejo de Estado, sugiriendo que la decisión es inconstitucional”.

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, junto a otros seis congresistas, le envió a la Sala un escrito en el que reconoció “la delicada situación que afecta el sistema de salud colombiano, dados los ajustes anuales de la UPC”. Por esto propuso trasladar los dineros de Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993, el cual cuenta con recursos para este año por 4,3 billones de pesos, para que financien los recursos necesarios para reajustar la Unidad de Pago.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Colombia (Andi) y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), según la Corte, “coincidieron en que la Resolución 370 de 2025, emitida por el MSPS, no cumple con lo ordenado en el Auto 007 de 2025. La principal objeción fue que se desvirtúa el propósito de la mesa de trabajo, ya que, en lugar de enfocarse en revisar la UPC 2024 y lograr su suficiencia, busca recibir, analizar y socializar la información sobre un posible rezago”.

Esas dos asociaciones también consideraron ante la Corte que la mesa sobre UPC no tiene garantías de participación, teniendo en cuenta que la resolución no asegura una incidencia real de los actores del sistema de salud en la toma de decisiones, a pesar de la exigencia que hay en la Ley Estatutaria de Salud.

“No permitió la participación de las EPS e IPS agremiadas a Asocajas en la mesa de trabajo”, fue la advertencia que llegó a la Corte Constitucional de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar sobre lo que está ocurriendo en la mesa para reajustar ese valor.

Frente a todos estos reclamos, la Corte le recordó al Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, que la mesa sobre UPC no “persigue” la revisión de ese ítem, sino que busca a partir de la concertación efectiva entre los diferentes actores de salud y del Gobierno lograr decisiones “representativas, transparentes y legítimas”.

Por eso fue que el magistrado Reyes Cuartas decidió ordenar una serie de pruebas para que el Ministerio de Salud explique si la mesa sobre UPC será concertada con todos los actores de la salud o simplemente el Gobierno tomará una decisión de forma “unilateral”.