Otro nombramiento diplomático en vilo. Tribunal admitió demanda contra el de la exministra Irene Vélez como cónsul en Londres

No han sido los mejores días para los nombramientos diplomáticos en el Gobierno Petro. El pasado viernes, el Consejo de Estado dejó en firme el fallo que anuló el nombramiento de Moisés Ninco Daza como Embajador de Colombia en México por fallas de trámite.

El pasado miércoles, el Tribunal Administrativo admitió para su estudio la demanda presentada contra la designación de Sebastián Guanumen como Embajador de Colombia en Chile tras tres meses de su posesión.

Y, para cerrar, este jueves, se notificó el estudio de la demanda contra la designación en provisionalidad de la exministra de Minas, Irene Vélez como consejera de de relaciones exteriores adscrita al consulado general de Colombia en Londres, Reino Unido e Irlanda del norte.

Los demandantes sostienen que se “vulneraron las disposiciones” relacionadas con el régimen de carrera diplomática y consular, “y además se expidió sin el cumplimiento pleno de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para quien ocupare cargos diplomáticos”.

En uno de los apartes de la demanda, se señala que el Ministerio no realizó la respectiva publicación de la hoja de vida de Irene Vélez en la página de la Presidencia de la República como exige la ley.

Estas fallas en el trámite, insisten, impiden conocer los estudios adelantados por Vélez, su experiencia en cargos diplomáticos y sus certificados de “un segundo idioma de uso diplomático, como lo establece la normativa”.

“Se logra evidenciar que en la documentación cargada no reposa la declaración del impuesto sobre la renta con vigencia del año inmediatamente anterior, así como tampoco se evidencia el formato de hoja de vida de la Función Pública, los cuales, según la ley, son documentos que contienen información de obligatoria divulgación”, señala otro de los apartes de la demanda.

El despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón ya le notificó personalmente a Irene Vélez sobre la admisión de esta demanda, dándole 15 días para que se pronuncie de fondo sobre las pretensiones de la acción judicial.

Igualmente, se le envió notificación al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Presidente de la República a la Procuraduría General y al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Irene Vélez tiene pendiente un proceso disciplinario en la Procuraduría General por presunto tráfico de influencias. Los hechos investigados se presentaron el 18 de enero de 2023, cuando la entonces ministra habría intentado utilizar su cargo para presionar a funcionarios de Migración Colombia con el fin que dejaran salir del país a uno de sus hijos, menor de edad, que no tenía la documentación al día.

En el pliego de cargos emitido el pasado 4 de abril se menciona que Irene Vélez habría utilizado su cargo de manera indebida para lograr un beneficio, sabiendo que estaba actuando en contra de la ley y de sus funciones constitucionales. Con su actuar, afectó los principios del Código de Infancia y Adolescencia y la Guía de Control Migratorio de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.

“Existen hasta este momento elementos de juicio para considerar que Irene Vélez valiéndose de su cargo como ministra, ejerció influencia frente a los funcionarios para que, pese a no haber otorgado el respectivo permiso, se autorizara la salida de sus hijos”, resalta el pliego de cargos. Según indicó el mismo canciller Álvaro Leyva Durán, para el momento de los hechos la ministra de Minas estaba en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Para la Sala de Instrucción existió una presión utilizándose el cargo, rechazando así los argumentos de la defensa de la ahora exministra que indicó que todo se trató de un favor “(…) no pudiendo valorarse este comportamiento como un simple acto de cortesía, en tanto ello demandó un actuar contrario al ordenamiento jurídico, al cual se accedió en virtud de la solicitud desplegada por la investigada, que de no haber mediado no se hubiera concretado el proceso de emigración, como en principio lo hizo saber el primer oficial que atendió el caso”.

Este es el documento completo del Tribunal