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Otros 11 exfuncionarios de la ANI fueron imputados por la Fiscalía; son señalados de favorecer al concesionario Ruta del Sol II
De acuerdo con la Fiscalía General, habrían favorecido al concesionario, el cual hacía parte la constructora Odebrecht, entre los años 2014 y 2016.
En la última semana, fueron 23 los exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, de la Fiscalía General, imputó por irregularidades con las que permitieron que la multinacional brasileña se viera beneficiada en sus amañados contratos.
En esta ocasión, el fiscal presentó ante un juez de control de garantías en Bogotá a 11 exfuncionarios de la entidad investigados por su presunta participación en maniobras ilegales destinadas a favorecer al Concesionario Ruta del Sol II en relación con el contrato de concesión 01 de 2010, que permitió la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.
Según la investigación en curso, los procesados, durante su tiempo en la ANI, habrían participado en la planificación, elaboración, firma y gestión de estudios de conveniencia, actas de comité y tramitación de otrosíes 8 y 10 del mencionado contrato de concesión.
El otrosí 8, firmado el 23 de diciembre de 2014, permitió el desembolso de 10.330 millones de pesos para la construcción de una vía de acceso al municipio de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, una obra que no estaba originalmente incluida en el contrato original. Esta adición habría resultado en un aumento del presupuesto que benefició al concesionario.
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Por otro lado, el otrosí 10, suscrito el 3 de noviembre de 2016, eliminó la construcción de la segunda calzada del tramo I entre Puerto Salgar y Caño Alegre, además de no permitir la rehabilitación de la vía existente y otras obras complementarias como pasos peatonales, andenes y bahías de estacionamiento, entre otras. Esto habría obligado a un descuento al concesionario por un total de 65.395 millones de pesos, pero sorprendentemente, solo se dedujeron 19.976 millones de pesos, lo que generó una significativa afectación al erario público.
Los 11 exfuncionarios de la ANI implicados en este caso son:
- Édgar Chacón Hartmann, exgerente de proyectos, área jurídica gestión Contractual 2.
- Juan Carlos Hernández Cerón.
- Luis Fernando Castaño Suárez, gestor.
- Sor Priscila Sánchez Sanabria, exgerente de Proyectos – Gestión Contractual.
- Beatriz Eugenia Lopera González, asesora financiera.
- Jenifer Bustamante Moreno, exasesora de riesgos.
- Poldy Paola Osorio Álvarez, exgerente de Proyectos-Riesgos.
- Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración.
- 9. Fernando Ireguí Mejía, vicepresidente jurídico.
- María Carolina Ardila Garzón, exgerente de Proyectos-Riesgos.
- Diana Ximena Corredor Reyes, exgerente de proyectos área financiera.
Los cargos presentados contra los investigados corresponden al delito de interés indebido en la celebración de contratos, aunque hasta el momento, ninguno de los implicados ha aceptado los cargos.
Imputados cinco exfuncionarios de la ANI por irregularidades en contratos
De acuerdo con la Fiscalía, en este caso, los procesados habrían participado en el “perfeccionamiento de cuatro otrosíes” que modificaron condiciones de pago, autorizaron nuevas obras y frenaron la ejecución de otras.
La investigación se centra en posibles irregularidades relacionadas con los otrosíes 4, 5, 8 y 10, que modificaron el contrato 01 de 2010 de concesión otorgado al Consorcio Ruta de Sol II, que incluía a Odebrecht. De acuerdo con las pesquisas, el otrosí 4 permitió al contratista beneficiarse en términos de pago sin sustentación legal, técnica y administrativa adecuada, según la Fiscalía.
Los otrosíes 5 y 8 autorizaron una obra y el giro de más de 10.000 millones de pesos para el acceso al municipio de Puerto Boyacá, en Boyacá, sin consulta al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) ni al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).
El otrosí 10, según la Fiscalía, evitó la construcción de una segunda calzada y la rehabilitación de la vía existente, lo que aumentó el riesgo para la seguridad vial en el sector.
De igual forma, la Fiscalía reveló que el concesionario solo recibió un descuento de 19.976 millones de pesos en lugar de los 65.395 millones que debería haber recibido debido a la falta de realización de esta obra.
Las presuntas irregularidades en las que se habrían involucrado los acusados incluyen la proyección y firma de documentos clave relacionados con los otrosíes y la aprobación de estos en comités de asuntos contractuales. Los cargos específicos varían según la función de cada implicado en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Los cinco acusados son:
- Yasmina del Carmen Corrales Paternina.
- Francisco Javier Forero Lozano.
- Jorge Huertas Luna.
- Mauricio Orlando Castro.
- Iván Mauricio Fierro Sánchez.
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