Petro va por la información financiera de los magistrados de las altas cortes, “con propósitos inconfesables”: Néstor Humberto Martínez

El exfiscal Néstor Humberto Martínez presentó, en su última columna del diario El Tiempo, una tesis provocadora: “El progresismo busca doblegar al Poder Judicial en el mundo”. Martínez cuenta el ejemplo de México, donde el gobierno de izquierda logró que los magistrados ahora sean elegidos por votación popular, todo un contrasentido frente al fundamental papel que estos cumplen.

Sin embargo, pone de presente Martínez, “entre nosotros, por fortuna, los magistrados y jueces son un valioso muro de contención frente a la arbitrariedad, el capricho y la ilegalidad. Durante estos años lo han hecho con responsabilidad. Por eso están en la mira del Pacto Histórico, enfrentándolos y desacreditándolos a través de toda clase de señalamientos”.

Martínez narra la descarada estrategia que ha emprendido el presidente Gustavo Petro para desacreditar a las altas cortes. “Petro ha puesto en entredicho la integridad y honorabilidad de los consejeros de Estado y ha catalogado varias de sus decisiones como parte del “golpe blando”. Cuestiona sin límites a los magistrados de la Constitucional por los fallos que no le favorecen. Promovió el asedio a los togados de la Suprema con una minga indígena y hasta llamó “negro conservador” a su presidente. De manera cada vez más frecuente, le lanza pullas a la Fiscal General. Y, quién lo creyera, ha encarado hasta la JEP por no ceder a sus reclamos de impunidad a favor de las Farc".

Y hace una denuncia grave: que el Gobierno está llegando al extremo de intentar obtener información financiera “sensible” –como la califica– de todos los magistrados, jueces y fiscales, por conducto de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), “con propósitos inconfesables”.

La denuncia que hace el exfiscal se basa en lo siguiente. “El pasado 5 de febrero apareció en el orden del día del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los “asuntos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”, una propuesta de autorización para “adelantar convenio entre la Administración Judicial de la Rama Judicial y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf)”.

Martínez habla de un documento, el DT-202503, que consagra el convenio interinstitucional entre la Rama Judicial y la Uiaf, “con el fin de fortalecer los mecanismos que coadyuven en la prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos, sus delitos fuente y el financiamiento del terrorismo, y la prevención de la corrupción”.

Para el exfiscal “el mismo se sustentaba en la facultad del organismo de inteligencia financiera del Estado para acceder a información reservada, con base en la Ley 1621 de 2013 y en el documento Conpes 4042 de 2021, “con el propósito de proteger la economía nacional de la entrada de dineros de origen ilícito en defensa de la productividad, la libre competencia, la inversión, el comercio exterior, el crecimiento económico, el empleo y el consumo en Colombia”. De esta manera, pretendían que la Uiaf tuviera acceso total a los “sistemas de registro” de carácter financiero que reposan en el Consejo Superior de la Judicatura, relacionados con los sueldos, primas, bonificaciones, prestaciones, cuentas corrientes, declaraciones de renta y relación de los bienes y el patrimonio de todos los funcionarios judiciales".

Con un agravante y es que se obliga al Consejo Superior de la Judicatura a entregar la información, pero nunca a divulgar quién la ha pedido.

Martínez asegura que por fortuna, los magistrados y jueces son un valioso muro de contención frente a la arbitrariedad, el capricho y la ilegalidad.. Y cuenta que la historia tuvo un final feliz: el Consejo Superior de la Judicatura rechazó el convenio.