Nación
Piden a la Procuraduría poner la lupa sobre la rectora de la Universidad del Pacífico. Esta es la denuncia
El documento que llegó al Ministerio Público habla de un prevaricato y un fraude procesal.
En enero de 2024 el Ministerio de Educación designó como rectora y representante legal de la Universidad del Pacífico a Ruth Sánchez de Perea, quien es Trabajadora Social con especializaciones en Gerencia del Recurso Humano, Educación Ambiental y en Administración Financiera.
La decisión se tomó por los más de 20 años de experiencia con los que cuenta ella en el sector de la educación superior a través de diferentes cargos administrativos, de docencia e investigación.
Desde esa cartera se aseguró que su llegada obedecía a que se debían solucionar todos los problemas que tenía esa universidad para “superar las causas que dieron origen a la imposición de las medidas preventivas y de vigilancia especial que están vigentes y que fueron ordenadas para la Universidad del Pacífico mediante las Resoluciones 7361 del 25 de mayo de 2015, 12594 del 2 de agosto de 2018 y 25443 del 21 de diciembre de 2023″.
Sin embargo, casi año y medio después de esa designación, la rectora Sánchez de Perea está en el ojo del huracán por unas presuntas irregularidades que fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación.
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Se trata de una denuncia presentada por Julio César Paredes Betancourt -egresado y miembro activo de la comunidad universitaria- por un supuesto incumplimiento de las funciones públicas establecidas en los artículos 37 y 38 de la Ley 1952 de 2019.
Paredes sostiene que desde la aprobación del Acuerdo 162 de 2023, que facultaba a la rectoría para crear una oficina de Control Interno Disciplinario, no se ha evidenciado ningún avance concreto. “Este vacío institucional ha permitido que se sigan utilizando estructuras obsoletas como el Grupo de Control Interno creado en 2009, cuya legalidad y operatividad están actualmente en entredicho”, dice el denunciante.
Según el denunciante se deben investigar “presuntas irregularidades en el manejo disciplinario, falsedad documental y contradicciones ante la justicia”.
Además se afirma que en abril de 2025, tras una solicitud de derecho de petición, la Universidad entregó un informe de gestión firmado por la misma oficina de la rectoría que posteriormente se desconoció. “Al verse enfrentada a una acción de tutela interpuesta ante inconsistencias en los datos del documento, la Universidad desconoció su validez, afirmando que “no se tiene certeza de dónde fue obtenido”“, se asegura.
Según el denunciante esta respuesta configuraría una posible estrategia de fraude procesal y falsedad documental, dado que el documento fue inicialmente entregado por la misma entidad.
Por esa razón, se pide revisar si el documento es oficial o no para que se determine si existió alteración del mismo porque, según el denunciante, ha generado preocupación sobre el manejo de la información oficial de la universidad.
“Determinar si existen elementos suficientes para configurar delitos como prevaricato, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, y compulsar copias a las autoridades competentes si es necesario”, dice el documento radicado en el Ministerio Público.
