Piden expulsar de la JEP al coronel (r) Robinson González del Río

Hace pocos días las autoridades capturaron a 13 personas, entre ellos militares activos y retirados, por presuntamente formar parte de una red de apoyo a la subestructura Cordillera Sur del Clan del Golfo, conocida como ‘Los Contadores’. Entre los capturados se encuentra el coronel (r) Robinson González del Río, quien estaba en prisión desde 2014, aunque salió en libertad en 2018, cuando se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

González del Río fue condenado por 40 casos de falsos positivos, sin embargo, en 2018 recuperó la libertad. El juez sexto de Ejecución de Penas de Ibagué, en acogimiento a la ley, tomó entonces la determinación de dejarlo en libertad, luego de hacer una revisión de sentencias acumuladas.

Pese a su antecedente penal, González del Río nuevamente fue capturado por las autoridades colombianas. En esta ocasión, junto con otras 12 personas, habría sido detenido por participar en varios delitos, entre ellos el de narcotráfico, relacionados con una subestructura del Clan del Golfo.

En respuesta a sus supuestos vínculos con organizaciones al margen de la ley, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la organización dh Colombia pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsar al coronel (r) Robinson González del Río.

“Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-Movice Capítulo Caldas y dh Colombia rechazamos la continuidad de las prácticas criminales del coronel retirado Robinson González del Rio, responsable de ejecuciones extrajudiciales en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Caldas como comandante del Batallón de contraguerrilla No 57 Mártires de Puerres (hoy batallón de combate terrestre No. 57)”, detalla Movice en un comunicado.

Así mismo, el Movimiento recordó que González del Río, en 2018, “se acogió al proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP con el compromiso de aportar verdad y contribuir a la reparación de sus víctimas”.

“La libertad condicional es uno de los beneficios entregados en el marco del sistema de justicia transicional por la JEP a los comparecientes por su compromiso con la verdad y la reparación. Estos hechos donde militares con procesos abiertos en la justicia ordinaria, que se han acogido a la justicia transicional con el propósito de aportar a la justicia, pero que aún no han aportado a los procesos, donde sus confesiones en la participación en las ejecuciones extraoficiales ha sido nula, y la participación en los mismos hechos de sus superiores nunca se ha dado, jugando así con la esperanza de las víctimas de criminalidad estatal”, sostiene el documento.

Condenado a 60 años por falsos positivos

Desde Movice retomaron que González del Rio fue condenado a 60 años de prisión por haber participado en más de 40 ejecuciones extrajudiciales. De hecho, citaron lo dicho por el coronel (r) en una de sus versiones libres: “La responsabilidad mía es en el Valle del Cauca y Cauca. Se hicieron 17 operaciones donde existieron alrededor de 27 muertos de falsos positivos, los cuales voy a aceptar. Yo creo que víctimas de falsos positivos… hay 400 aproximadamente en esa zona del Pacífico”.

La libertad a la que González del Río accedió gracias a su vinculación a la JEP en 2018 es ahora blanco de críticas debido a su supuesta continuidad criminal, esta vez ligada al narcotráfico. Precisamente, este es el argumento principal en que se basan Movice y dh Colombia para pedir su expulsión de la Jurisdicción Especial.

“Desde el Movice Capítulo Caldas y dh Colombia consideramos que el coronel Robinson González del Rio debe ser excluido de la JEP por su posible continuidad en actos criminales en asocio con bandas dedicadas al narcotráfico que tienen de fondo un actuar paramilitar”, anota el comunicado.

Así mismo, ambas organizaciones realizaron un llamado a la JEP sobre sus protocolos de admisión de casos, su compromiso y avance en el aporte a la verdad, así como garantías de no repetición. “Es necesario que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales sean parte activas en los procesos, que su voz sea tenida en cuenta sin que ello implique un proceso de revictimización”, concluye el documento.