“Podría ser un apocalipsis y el Gobierno no lo quiere reconocer”, Fernando Ruiz habla de frente del eventual cierre de las mejores EPS

SEMANA: ¿Cómo entender la actitud del Gobierno Petro, que parece a la defensiva con varios actores del sistema de salud, especialmente las EPS?

Fernando Ruiz (F. R.): Este Gobierno tiene una dirección clara: no quiere este sistema de salud. Su lógica es hacer uno nuevo, totalmente diferente y en esa lógica se ha perdido cualquier capacidad de gestión sobre lo que ya existe. Todo esto, sin que se tenga claro el horizonte de lo que va a pasar con la reforma a la salud que se tramita en el Congreso. El Gobierno pensaba que en tres meses la iban a sacar, ya llevamos un año y apenas va un debate. Y esa inacción lleva a que no haya plata, no haya flujo de fondos, todo lo que se requiere para que el sistema funcione. Históricamente, lo que hace un ministro de salud es buscar que haya caja para que el sistema funcione. El Gobierno no asume, busca culpables, pero no reconoce su responsabilidad. Y las EPS quedan como las culpables porque son las que articulan todo el sistema.

En nuestro sistema las EPS coordinan todas las acciones para que los pacientes tengan un servicio continuo. Si desaparecen las EPS esa coordinación desaparece, el Gobierno no cuenta con un mecanismo para reemplazarlas y todos los pacientes quedarían a la deriva, muy especialmente los pacientes crónicos y de cáncer. Más de ocho millones de personas.

SEMANA: ¿Cómo se llegó a este escenario de caos financiero para el sistema de salud?

F. R.: Es una situación que se ha venido acumulando a lo largo del tiempo, pero la diferencia es que en este momento ya estamos afrontando una nueva crisis financiera del sistema de salud. Lo que dicen Sanitas, Sura y Compensar, de que a partir de septiembre empieza lo peor, sí es verdad. Las EPS tuvieron utilidades hasta 2014 y desde entonces han venido trabajando con un margen de solvencia mínimo. Muchas no resistieron y se quebraron. Y los que venían más o menos generando utilidades, las IPS y hospitales, desde este año han visto deteriorada su cartera y el ingreso de recursos.

Ya estamos viendo la afectación: ya todos los hospitales están siendo afectados. Algunos dicen que si en un par de meses no se soluciona la crisis, comenzarían a cerrar servicios.

El Gobierno dice que este año se ha efectuado el más alto incremento de la UPC, lo que pagan a las EPS, es cierto. Pero hay al menos cuatro factores de incremento en los costos: mayor concentración de riesgos por ampliación del plan de beneficios y los riesgos de afiliados a EPS quebradas que han tenido que recibir: dos años de alta inflación, las demoras del Gobierno en calcular y reconocer los pagos por presupuestos máximos de 2021 y 2022 –que se auditan y reconocen ex post-, y el crecimiento de la demanda por el represamiento de pacientes en el poscovid. A ello hay que agregar una especie de pánico que se ha extendido en la población por la sensación de que el sistema se va a acabar.

SEMANA: De no lograrse en los próximos días un acuerdo entre el Gobierno y las EPS, ¿cuál sería el escenario para la salud desde septiembre?

F. R.: Son situaciones que ya se empiezan a ver, como el cierre de servicios de pediatría y ginecobstetricia en varias regiones, son los servicios de menor rentabilidad. Un servicio de oncología, hemodinamia o cirugía plástica sí generan utilidades porque tienen mucho agregado tecnológico. Los niños, en cambio, demandan servicios, pero de baja complejidad. A no ser que tengan cáncer, la gran mayoría consultan por gripas. Un parto se atiende en un día y no tienen mayor agregado tecnológico; son servicios subsidiados por otros que sí generan excedentes a los hospitales. Así, cuando un hospital se ve apretado, lo primero que empieza a reducir son los servicios que no generan muchos costos. Y unos hospitales se afectarían más que otros. Hospitales de alta demanda de urgencias como Méderi y el San Ignacio, serán más afectados porque no les llega la medicina prepagada y manejan márgenes de utilidad pequeños, pese a que atienden a grandes volúmenes de personas. Y es una paradoja porque son hospitales que pueden tener mejores tratamientos porque hacen investigación y tienen profesores que son muy especializados.

SEMANA: ¿Qué pasa si desaparece una de estas EPS?

F. R.: Si desaparecen las tres, sus usuarios suman unos 13 millones. Una sola de ellas tiene hasta cinco millones. ¿Qué entidad podrá recibirlos? Sobre todo cuando estas EPS, a su vez, se habían visto sobrecargadas al recibir a los pacientes de otras EPS que quebraron a lo largo del tiempo. Y el Gobierno, en lugar de ayudarlas, lo que hace es ahogarlas. La Nueva EPS no podrá recibir a tanta gente. Y, si los recibe, comienza un racionamiento de servicios, que es lo puede terminar pasando, afectando a los más pobres. La gente de clase media buscará un seguro, pero en los sectores populares no tienen esa opción. Sería apocalipsis y el Gobierno no lo quiere reconocer porque han sido dogmáticos en su visión. Hay que tener en cuenta que los subsidiados en la salud son el 50 % de la población (que no tienen capacidad de pago y no aportan al sistema). Eso suma unos 25 millones de personas con sus respectivas familias.

SEMANA: ¿Qué sucede con otros actores de la cadena de servicios del sector, como los proveedores, por ejemplo?

F. R.: Con la inflación y toda la incertidumbre que se ha generado alrededor del sector salud, los proveedores de insumos y medicamentos han empezado a tomar posiciones más estrictas frente a los hospitales. Hoy les venden muchos insumos en dólares para darle manejo a la inflación o les dan plazos muy cortos. Eso va ahogando a los hospitales tanto públicos como privados.

SEMANA: ¿Se agudizaría la escasez de medicamentos?

F. R.: Claro, porque para un proveedor es mucho más rentable llevar sus productos a una droguería, donde el pago lo recibe inmediato del bolsillo del paciente, que a un hospital donde las facturas se les están demorando cada vez más. Existen dos mercados de medicamentos en Colombia: el institucional y el comercial. Entonces, prefieren mandarlo al comercial, aunque nadie lo vaya a reconocer.

Eso genera un fenómeno externo para las farmacéuticas: entre vender en Colombia, donde hay crisis y vender otros países donde no hay estos problemas. Por eso, a Colombia llegan menores cantidades de medicamentos.

SEMANA: Pero ¿cuáles han sido los ingredientes de esta crisis?

F. R.: Entran en juego el choque inflacionario, la incertidumbre generada por el Gobierno, el aumento en la demanda de servicios y los hospitales sin caja. La UPS estaba calculada para 2022 con un escenario de inflación que no llegaba al 4 %. Pero la inflación fue de más de 9 %; ese diferencial los afectó muchísimo. Algunas EPS tienen deudas atrasadas de covid-19, vacunación y presupuestos máximos. Es que el Gobierno se demoró muchísimo en hacer las estimaciones y, aun teniendo parte de los recursos, la ministra Corcho no quiso pagarles la totalidad: de 500.000 millones de pesos que el gobierno Duque dejó para pagar, solo giró un poco más de 200.000. Eso generó una situación de estrechez financiera muy grande en el sistema. En el gobierno Duque, el sistema logró un equilibrio y gracias a la pandemia hubo recursos adicionales, con los que se pagaron muchas deudas viejas, por siete billones de pesos y el sistema quedó un poco más estabilizado.

Este año, todo se detona en marzo, cuando cuatro de las más grandes instituciones hospitalarias (la Santa Fe, Valle del Lili, Cardioinfantil y Pablo Tobón Uribe), envían una carta a MinSalud denunciando la crisis. Y eso refleja una crisis misma dentro del sistema hospitalario, y una división entre quienes en medio del temor quieren alinearse con el Gobierno y los que no. Tenemos una crisis hospitalaria a la vuelta de la esquina y muchas clínicas están mirándose el ombligo, pensando que el escenario es el mismo que con anteriores gobiernos y que el discurso de la cartera les va a funcionar. La Adres no tiene la capacidad de asumir un giro directo ya, tendría que enviar dinero sin auditoría, lo que llevaría a los hospitales a asumir frente a las entidades de control la responsabilidad e investigaciones sobre recursos públicos.

SEMANA: ¿Le ha faltado gestión al Gobierno Petro?

F. R.: En esta coyuntura, el Gobierno Petro ha decido no mejorar la situación, sino mantenerla tal cual. En la práctica, está asfixiando económicamente a las EPS y emprendiendo retaliaciones contra esas entidades. Todo está planteado como en una pelea con las EPS, pero el problema no son estas entidades. Son los pacientes, que es lo que el Gobierno no ve. Y también ha estigmatizado a las asociaciones de pacientes. Y hay problemas de gestión que son macro, de gestionar los recursos con Hacienda. Un ejemplo es el Soat. El presidente Petro, en un acto de populismo, decide eximir del pago del Soat a motociclistas y taxistas, pero no hicieron la cuenta de que eso vale una cantidad enorme de plata y MinHacienda se ve obligado a financiarlo con una reforma tributaria de 250.000 millones y hoy la cuenta va en 450.000. No hay plata. ¿Qué hacen? Cierran la ventanilla para recibir facturas.

SEMANA: Y esto del Soat es otro hueco por donde se diluyen recursos para los hospitales…

F. R.: La Adres, en enero de este año, reconocido por el propio director de la entidad, aseguró no estar recibiendo facturas. Entonces, muchos no han podido radicar facturas porque no hay plata para pagar, tal como admitió MiHacienda. Y, claro, es plata que deja de entrar a los hospitales; son pacientes de urgencias que ya se atendieron. Y las cuentas quedan represadas. Es que no ha habido contratación adecuada de gente para hacer una contabilidad o auditoría de cuentas. Y todo eso ha generado un retraso en el pago de los servicios y en el giro directo, que era el gran elemento que metió el Gobierno en el Plan de Desarrollo este 2023, que hoy está más lento que todos los años anteriores.

SEMANA: ¿Cómo sería un eventual cierre de las EPS en la teoría?

F. R.: Si el Gobierno abriera un canal de diálogo e hiciera un esfuerzo se podría rescatar al sistema de salud de la crisis, pero tiene que hacer un esfuerzo de concertación que en lo económico es posible que el hueco sea de más o menos siete billones de pesos. El problema es que desde el punto de vista político no hay voluntad. Toda la apuesta está en la reforma a la salud, no hay plan B. Y en el Gobierno han sido tan fundamentalistas y no quieren entender que, mientras se sabe cuál es el futuro de la reforma, hay que gestionar el sistema. Lo único que estas entidades pueden hacer es entregarle su población de pacientes al Gobierno. Se declaran en quiebra o perderán la habilitación financiera llevando el sistema al colapso. El marco legal con el que operan no les permite mayor cosa. No hay formas diferentes de funcionar para ellos.