Por acuerdo entre comparecientes para inculpar a un teniente inocente ante la JEP, revelado por SEMANA, solicitan nulidad del caso

Verdad, esa es una de las principales palabras que debería mediar en los procesos y decisiones que toma la Justicia Especial para la Paz (JEP), es lo que el país necesita y lo que las víctimas reclaman, la verdad de lo que pasó en conflicto y por qué mataron a sus familiares. Sin embargo, este pilar queda en entredicho con el escándalo que se ha generado por un supuesto acuerdo entre comparecientes, para inculpar al subintendente del Ejército Juan Carlos Araque, de cometer falsos positivos cuando, al parecer, es inocente.

La historia, que fue revelada por SEMANA, se habría dado en Batallón Magdalena de Neiva, Huila, donde se presentaron muchos falsos positivos y cuya investigación está bajo el paraguas del subcaso 081 en la JEP. En ese subcaso, habrían incluido al subteniente Araque, cuya investigación en la justicia ordinaria había determinado “precluir y no acusar”, pero, de un plumazo, quedó en el banquillo de acusados ante el tribunal transicional, por señalamientos de sus excompañeros.

Araque, en búsqueda de su inocencia, se puso, él mismo, a averiguar los señalamientos e investigar, como no lo hizo la JEP. Así logró grabar a sus excompañeros del Batallón Magdalena reconociendo que él no había cometido ejecuciones extrajuidicales y se habían puesto de acuerdo en sus versiones para señalarlo, por el cargo que tenía como oficial de inteligencia de la unidad y por supuestamente haber pagado un millón de pesos por la información que desencadenó un falso positivo.

Por este motivo, el abogado Víctor Mosquera, defensor del exsubtenienete Araque, radicó una solicitud de nulidad en este caso. “En representación del excoronel (al momento de los hechos subteniente) del Ejército y abogado Juan Carlos Araque Leal, presentará solicitud de nulidad sobre el auto Sub D- Subcaso Huila-081 de 2023, por ser este violatorio de la garantía del debido proceso del compareciente y del derecho a la verdad de las víctimas”, advierte el comunicado de la firma.

“Está nulidad parte de una serie de grabaciones de los comparecientes realizadas por el señor Araque, en las cuáles, se evidenciaba que estos, confesaban actividades delictivas, indicando que estaban faltando a la verdad e incriminando al señor Juan Carlos Araque Leal para la obtención de beneficios. Grabaciones que fueron legítimamente realizadas por el señor Araque Leal, amparado en las prerrogativas que la Ley 906 de 2004, la Ley 1957 de 2019, la Ley 1922 de 2018, el Estatuto de Roma y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, le otorgan a las víctimas de delitos, para grabar a sus victimarios como estrategia de defensa”, señala la defensa de Araque.

¿Pero qué decían los audios que no ha tenido en cuenta la JEP? SEMANA publicó algunos apartes que ya reposan en la Fiscalía, en las que se escucha a Riveros, el comandante del pelotón motorizado, diciendo que nombró a Araque en la JEP “por ser jefe, porque así firmábamos”, y el teniente Mahecha, encargado de la compañía involucrada en la muerte del jornalero, reconociendo que el subteniente “no fue el que llevó a la víctima hasta el lugar de los hechos”.

“En la noche no fue usted el que fue a llevar a la víctima. La víctima la llevó uno de los hermanos que eran guías de ese batallón, que eran dos hermanos”, confesó Mahecha, entonces comandante de la compañía que mató a Vela, en un audio que no ha sido tomado en cuenta.

Araque terminó denunciando a Mahecha ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por supuestamente mencionarlo en la JEP para tratar de conseguir beneficios judiciales, y “sus versiones falsas tuvieron fortaleza suficiente para que al interior del tribunal transicional se emitieran decisiones judiciales en las cuales se me endilgó responsabilidad”, indicó el subteniente en la denuncia que reposa en la Fiscalía.

El abogado Víctor Mosquera aprovechó para refutar la actuación de la Procuraduría delegada ante la JEP, que, a su juicio, se preocupó más por aspectos técnicos que por el interés principal que son las víctimas y el acceso a la verdad, esto porque la representante del Ministerio Público planteó que las pruebas no son válidas.

“Reprochamos, a su vez, de manera contundente el actuar de la Procuraduría Delegada 11 con Funciones de Coordinación e Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz que, contrarió su deber funcional de proteger los derechos de las víctimas, en particular su derecho a la verdad, cercenando el aporte de este nuevo material probatorio mediante la solicitud de apertura de investigación disciplinaria”, advierte el comunicado del abogado Mosquera.