Por irregularidades en suministros de alimentos en la cárcel La Picota, abren investigación contra el director de la Uspec

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -Uspec-, Ludwing Joel Valero Sáenz, y la jefe de la Oficina de Planeación, Carmen Cecilia Simijaca Agudelo, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad -PPL- de la cárcel La Picota, en Bogotá.

Desde que inició la entrega de los alimentos con este nuevo contratista, las quejas fueron constantes y de todo tipo, tanto por el ingreso y entrega tarde de los alimentos, así como en la cantidad y calidad de la comida que están recibiendo los detenidos en este penal.

“Al parecer, la unión temporal contratada no habría cumplido los requisitos de cantidad, calidad y periodicidad exigidos para atender a esa población. Además, las raciones suministradas aparentemente no llenaban los estándares nutricionales y de higiene requeridos, lo que afectó los derechos fundamentales de las PPL a la salud y a la vida en condiciones dignas”, informaron desde la Procuraduría General de la Nación, al explicar los motivos de la decisión.

El órgano de control disciplinario informó que, del mismo modo, “esas irregularidades se habrían presentado tanto en la ejecución como en la interventoría y supervisión del documento firmado. Carmen Cecilia Simijaca Agudelo fue vinculada a la investigación en su condición de directora general encargada para la fecha en la que se firmó el contrato”.

Las protestas

Ya en la cárcel La Picota, los privados de la libertad había hecho protestas y reclamado por la alimentación, al punto que el tribunal de Bogotá, había ordenado la detención temporal de este alto funcionario de la Uspec.

En diciembre del año pasado habían ordenado tres días de arresto, además de una multa de dos salarios mínimos mensuales vigentes, por cuenta de un reiterado incumplimiento en un fallo de tutela, promovido por un grupo de privados de la libertad que, desde hace meses, denunciaron una precaria prestación del servicio de alimentos en la cárcel La Picota.

Los privados de la libertad lograron demostrar de qué forma el contratista no cumplía con las obligaciones propias de su compromiso ante la Uspec, que básicamente se limitaba al suministro de los alimentos en La Picota. Lo demostraron mientras que la Uspec y la Unión Temporal, solo se remitieron a presentar informes sin los soportes requeridos.

“En síntesis, como se expuso en precedencia, con los memoriales remitidos no se acreditó el cumplimiento de la decisión proferida por el Tribunal. Igualmente, tampoco, se probó que esta labor hubiese sido delegada a una persona jurídica distinta, por lo que no existe duda sobre la responsabilidad subjetiva en la omisión descrita”, advirtió el Tribunal de Bogotá.

La decisión del Tribunal de Bogotá se suma a la lista de quejas, reclamos y denuncias que existen en contra de la atención que prestan los operadores de alimentación en las cárceles del país y sobre la vigilancia o control que ejerce la Unidad de Servicios Penitenciarios, sobre la que pesan varias denuncias.