Por transportar cocaína y a personas que no son protegidas, la Procuraduría abrió investigación contra dos escoltas de la UNP

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra los agentes Álvaro Hernández Gil y Yecith Alejandro Sánchez Zabala, en sus condiciones de agentes Escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP), por haber realizado diligencias del protegido y llevar a personas ajenas a dicho esquema. Este actuar, en contravía de los protocolos que regulan el uso y manejo de las medidas de prevención y protección asignadas a personas en situación de riesgo.

Este parece un asunto de nunca acabar, los vehículos que se han venido asignando para la protección de personas supuestamente en riesgo, se han venido convirtiendo en carros que son usados para transportar droga, armas, millonarias cifras de dinero en efectivo, personas que no han sido beneficiadas con escoltas y hasta criminales.

Este caso se habría dado el 15 de marzo de este año, cuando, en medio de un operativo que adelantó la Policía Antinarcóticos, y que fueron los uniformados de esta dependencia los que inmovilizaron una camioneta tipo Toyota, de placas IFR-763, que estaba asignada a la protección de Nilson Gómez, desmovilizado de las Farc, que se encuentra en el espacio territorial conocido como Agua Bonita, en el Caquetá.

La noticia se conoció en ese momento por la misma Unidad Nacional de Protección que en su cuenta en X manifestó “esta mañana (9.20 am) fueron capturadas 4 personas por el supuesto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El hecho ocurrió en la vía que conduce de Montañita a Florencia, en el Caquetá”.

Según la Procuraduría, “los investigados utilizaron el vehículo de placas IFR 763, asignado para el esquema del protegido, para hacer diligencias del beneficiario y una diligencia personal del investigado Hernández Gil. El ente de control encontró que, no es permitido transportar a personas no cobijadas con la medida de protección y tampoco movilizarse en el automóvil para hacer diligencias sin la presencia del beneficiario del programa”.

Y agrega que “para el caso del disciplinado Sánchez Zabala se le acusa haber entregado el referido vehículo, el cual estaba bajo su responsabilidad, al escolta Hernández Gil para que este hiciera las diligencias mencionadas. De esta manera, faltó así a las reglas que le impedían destinar o movilizar el automotor para fines ajenos al esquema de protección del beneficiario”.