Nación
Presentan queja disciplinaria contra la senadora Isabel Cristina Zuleta por el ‘tarimazo’ en Medellín
La congresista del Pacto Histórico fue quien pidió la salida de los cabecillas de las bandas criminales de Medellín para que participaran en el evento con el presidente Gustavo Petro.
El concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, presentó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, por el evento que se organizó el pasado sábado, 21 de junio, en la plazoleta de La Alpujarra, donde jefes de bandas criminales acompañaron al presidente Gustavo Petro en tarima.
Sobre la congresista, ya se había revelado en días pasado que fue quien ordenó la salida de la cárcel de Itagüí de los jefes de las bandas criminales de Medellín, para que participaran del evento con el jefe de Estado en el Centro Administrativo de La Alpujarra.
Esto quedó en evidencia en una resolución que firmó el director de Custodia y Vigilancia encargado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, que reveló SEMANA.
Según el documento, la congresista remitió una comunicación a esa institución donde pide el traslado de varios privados de la libertad, tal como lo habrían realizado los delegados del Gobierno en tres oportunidades.
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Según explica la senadora, “coordinadora para la construcción de paz urbana – Medellín y Valle de Aburrá”, en esas ocasiones algunos detenidos salieron a las calles de la capital de Antioquia a hablar con sus bases y la población civil.
Estos hechos llevaron al concejal a interponer una queja disciplinaria, argumentando entre los fundamentos jurídicos que la senadora “incurre en evidente conflicto de intereses al actuar simultáneamente como delegada del Gobierno y como operadora de sus políticas”.
Según el concejal, “su doble rol lesiona la autonomía funcional del Congreso y vulnera los artículos 6º, 121 y 133 CP (deber de guardar fidelidad al interés general), así como el principio constitucional de imparcialidad y moralidad administrativa (art. 209 CP) inherente a la función pública”.
Además, indica: “Al ordenar la remisión de reclusos, la senadora se entrometió en las funciones exclusivas del INPEC y del poder judicial. Esta conducta usurpa potestades del Estado encargadas de la seguridad pública y penitenciaria, perturbando el régimen jurídico de las cárceles”.
Entre los hechos, Alejandro de Bedout relata once hechos, entre los que destaca que los espacios de conversación con estas personas se deben desarrollar al interior de las instalaciones penitenciarias, como lo establece la resolución 138 de 2023.
“Surgen fundadas inquietudes sobre la eventual extralimitación en las competencias de la senadora Isabel Zuleta, en la medida en que, conforme a los elementos allegados, su intervención habría trascendido las funciones asignadas en el marco de la Resolución 138 de 2023 y del ordenamiento jurídico vigente, promoviendo o gestionando salidas de personas privadas de la libertad fuera de los límites previstos en la ley y los reglamentos penitenciarios”, señala la queja.
Frente a esto, solicita a la Procuraduría que “ordene la apertura del proceso disciplinario con la investigación de las presuntas faltas como extralimitación de funciones, uso indebido de investidura y perturbación del orden institucional”.
“En aplicación del artículo 219 de la Ley 1952 de 2019, requiérase la inmediata suspensión de cualquier actuación administrativa vinculada a los Espacios de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá y, de configurarse los requisitos, la suspensión provisional de la senadora en ejercicio de su cargo, a fin de proteger el proceso disciplinario y evitar perjuicios mayores al orden constitucional”, dice.
