Presidencia pide rechazar otra de las demandas que pretende anular la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general

SEMANA conoció en su totalidad el concepto de seis páginas enviado por la Presidencia de la República a la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco del estudio de una de las demandas que cursan en contra de la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación.

En el documento, que ya reposa en el despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, se manifiesta que todo el trámite de postulación, debate y elección de Camargo como jefa del ente investigador para el período 2024-2028 cumplió con todos los requisitos exigidos.

Esto pese a la renuncia de Amelia Pérez Parra a la terna minutos antes que se instarla la audiencia extraordinaria en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que definió la votación y eligió a la nueva fiscal general.

“La elección de la fiscal general de la nación se llevó a cabo con observancia de las normas legales y constitucionales aplicables a este procedimiento y con respeto al debido proceso”. Para la Presidencia, sí se podía realizar la respectiva votación, pues la “Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no tenía la capacidad de paralizar el procedimiento de elección ni vició de nulidad el acto”.

Frente a otro de los apartes de la demanda, el representante de la Presidencia aseveró que el hecho de haber postulado a tres mujeres para la terna no representa un vicio ni una irregularidad, pues no hay ninguna ley que así lo señale.

La postulación de estas tres abogadas –señala– hace parte de una política del Gobierno Petro que busca mayor participación de la mujer en cargos públicos. “Las cuotas de género establecidas han sido cuidadosamente elaboradas con el propósito primordial de salvaguardar y promover los derechos de las mujeres. Este mecanismo busca contrarrestar las desigualdades históricas y asegurar su representación adecuada en espacios de poder y decisión”.

“Aunque estas cuotas son un paso significativo hacia la igualdad de género, es importante reconocer que están diseñadas específicamente para beneficiar a las mujeres, no extendiendo el mismo nivel de protección a los hombres. Este enfoque resalta la necesidad de abordar las disparidades que particularmente afectan a las mujeres en el ámbito de la Fiscalía y la justicia, apuntando a una sociedad más equitativa donde las mujeres puedan ejercer sus derechos plenamente y sin obstáculos”, agrega el concepto.

“La terna fiscal en Colombia no constituye el desconocimiento de una norma. Por el contrario, estas medidas se alinean con los compromisos del país hacia la igualdad de género y la no discriminación, conforme a lo estipulado en su Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. La inclusión específica de cuotas para las mujeres atiende a la necesidad de corregir desbalances estructurales y proporciona un mecanismo para remediar la subrepresentación histórica de las mujeres en el ámbito de la justicia”, concluye el pronunciamiento de la Presidencia.

El Consejo de Estado ya recolectó los conceptos de la Fiscalía General, del representante de Luz Adriana Camargo y de la Procuraduría General. En los próximos días se tomará una decisión de fondo.