Judicial
Presidencia y el ICBF deberán rendir cuentas por recrudecimiento de la violencia y el aumento del reclutamiento forzado de menores
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una demanda que pide que se tomen medidas urgentes.
En los próximos días, la Presidencia de la República y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) deberán presentar un completo informe sobre las acciones que han asumido para enfrentar el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país.
Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que admitió para su estudio una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho en la que se reclama por la “omisión” tanto de la Presidencia como del ICBF en cuanto a proteger a los niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento forzado.
La acción judicial reclama por el hecho que en las mesas de negociación instaladas con diferentes estructuras criminales y grupos armados ilegales no se ha priorizado el tema para ponerle punto final al reclutamiento de menores.
Por esto, le piden al Tribunal que emita las respectivas órdenes para que desde el Gobierno se tomen medidas urgentes para tratar esta problemática humanitaria.
“A través de esta acción, se solicita la intervención del juez constitucional para que ordene a las autoridades responsables la adopción de medidas eficaces e inmediatas que garanticen la protección de los derechos colectivos vulnerados, con un enfoque especial en la protección de los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de sujetos de especial protección constitucional”, enfatiza la demanda.
La Fundación para el Estado de Derecho cita que los informes parciales de la Defensoría del Pueblo ubican a las disidencias de las Farc y el EPL como los principales grupos que han reclutado niños y adolescentes para engrosar sus filas.
La lista la complementan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos postdesmovilización de las AUC, entre los que están el Clan del Golfo.
“La información de la Fiscalía refleja un incremento del número de niñas, niños y adolescentes reclutados entre 2021 y 2022 del 63,7 % (de 231 a 378 casos) y una posterior reducción entre 2022 y 2023 del 16,4 %, alcanzando 316 denuncias en 2023”, cita la demanda.
Por eso, los demandantes advierten que es necesario que desde el Gobierno se “exija en el marco de los diálogos de paz con grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), estructuras armadas organizadas de crímenes de alto impacto (EAOCAI) y en general con actores armados ilegales, el cese inmediato del reclutamiento forzado niñas, niños y adolescentes”.
Con los conceptos en la mano, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revisará las acciones que se han adelantado y si existen méritos para ordenar medidas urgentes de protección para esta población.
