Nación
Presidente de la Corte Constitucional advirtió riesgos de cerrar la JEP; de paso, le respondió a Santos: “No marca la agenda”
Durante el Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, el expresidente Juan Manuel Santos le pidió a la Corte resolver una demanda sobre el funcionamiento de la JEP.
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, se sumó a la ola de rechazo frente a la propuesta del comisionado de Paz, Otty Patiño, para acabar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). La iniciativa fue tan controversial que hasta se advirtieron sanciones de la Corte Penal Internacional (CPI) si se llega a dar ese cierre.
El magistrado Reyes manifestó que “he visto que el presidente de la JEP se ha pronunciado, ha mostrado los riesgos de una actitud como esa y, simplemente, desde aquí, desde la Corte Constitucional, empatizó con lo que dice el presidente (Roberto Vidal) y poco más. Esos debates tendrán que darse allí, mostrarle a la ciudadanía, si es conveniente, la perspectiva del comisionado o del presidente de la JEP”.
El presidente de la Corte Constitucional, Magistrado José Reyes, advirtió riesgos si se cierra la JEP, como lo propuso Otty Patiño. Le dijo al expresidente Santos que él “no le marca la agenda a la Corte”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/i8YX5m7TXC
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 27, 2024
Y es que toda una polvorera desató el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, después de que aseguró que el gobierno de Gustavo Petro analizaba la opción de cerrar la Jurisdicción Especial de Paz, creada en el acuerdo de paz con las extintas Farc, y estudiaba la forma de reforzar la justicia ordinaria para quienes tuvieron participación durante el conflicto armado.
Para el magistrado Arturo Vidal, presidente de la Jurisdicción de Paz, esa iniciativa le podría traer sanciones a Colombia por parte de la Corte Penal Internacional, y hasta le pidió respeto al gobierno sobre la independencia de poderes que se estableció en la Constitución Política.
“Esas iniciativas desde el Ejecutivo resultan muy riesgosas si apuntan a que las nuevas instituciones, que se deben crear para resolver los asuntos judiciales de los procesos de paz en curso, se construyen sobre la base de la destrucción de la JEP o de su descrédito”, advirtió Vidal.
Presidente de la JEP le hace fuerte llamado de atención al Gobierno de Gustavo Petro y le pide respeto por la autonomía judicial. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/fAL8Ys3LTp
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A esas declaraciones fue que se sumó el presidente de la Corte Constitucional, quien desde el Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, que este año se desarrolla en Manizales, Caldas, le respondió la petición que hizo el expresidente Juan Manuel Santos para que ese tribunal resuelva justo una demanda sobre el funcionamiento de la Jurisdicción de Paz: “No sé de qué asunto está hablando, no sé qué magistrado lo tendrá. En cualquier caso, muy respetable el expresidente, pero él no le marca la agenda a la Corte Constitucional, la Corte tiene unos términos, tiene unos reglamentos y tiene un orden de evacuación de los asuntos (…) soy de agradecido que haya venido al evento, pero la agenda de la Corte, es la agenda de la Corte”.
En ese mismo encuentro en Caldas, Santos le pidió a los magistrados: “Yo les rogaría que asumieran esa demanda lo más pronto posible porque la JEP, que fue una institución creada por el acuerdo de paz, necesita que le den unas instrucciones para que no continúe con una actitud maximalista en materia de aplicación de la justicia, porque si continúa en esa actitud, la JEP no va a cumplir los términos y va a terminar su periodo sin haber resuelto el tema de la justicia”.
La demanda fue presentada por el exministro de Justicia Yesid Reyes contra la sentencia que le permitió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP fijar un camino para los exintegrantes de las antiguas Farc, que no fueron calificados como los máximos responsables.
Para Reyes, esa decisión le abriría la puerta para que la Sala de Definición pueda realizar una segunda selección de los máximos responsables, lo que se convertiría en un proceso más engorroso a la hora de investigar a un número pequeño de personas que estarían detrás de los hechos que se presentaron durante el conflicto armado.