Primicia | Andrés Felipe Arias seguirá con prisión domiciliaria. Juez rechazó petición para revocarle esta medida

SEMANA conoció en primicia la decisión del juzgado segundo de ejecución de penas de Bogotá que rechazó la revocatoria de la prisión domiciliaria que tiene actualmente exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leiva, condenado a 17 años y cinco meses de prisión por el escándalo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

En la determinación tomada el pasado 28 de junio, se negó una petición para revocar este beneficio que tiene Arias desde el 20 de agosto de 2022. El juzgado entró a estudiar un reporte presentado el 10 de marzo pasado por el Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual (Cervi) en el que se advertía una transgresión por parte de Arias Leiva.

Esto es, que habría desviado de área en el que puede estar en su respectivo domicilio. Tras el estudio del caso específico, valorando las pruebas presentadas por la defensa del exministro, el juzgado de ejecución de penas tomó la decisión de “no revocar el sustitutivo de prisión domiciliaria otorgado al sentenciado”.

El pasado 3 de febrero, tras revisar el recurso de impugnación especial, la Sala de Casación Penal dejó en firme la condena en contra de Arias por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En el fallo se advierte que en la puesta en marcha del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) el entonces ministro desconoció los principios de contratación estatal de transparencia, planeación, economía y responsabilidad y no evitó que particulares ―que no cumplían con los requisitos― se apropiaran ilícitamente de recursos del AIS.

Para el alto tribunal, el monto de la condena ―fijado en 2014― no fue ni injusta ni excesiva, sino que, por el contrario, respeta el proceso de motivación, es proporcional, necesaria y fundada. Las pruebas revelan que el entonces ministro tuvo conocimiento y control de las actividades que adelantaba el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en la administración de los recursos del programa.

Para la Corte, en efecto y pese a los reclamos de la defensa, el programa Agro Ingreso Seguro fue utilizado como un “instrumento facilitador de sus aspiraciones políticas”, teniendo en cuenta que tenía ―desde que era ministro― la clara intención de aspirar a la Presidencia de la República.

A juicio de la Corte, no obstante, su influjo sobre los funcionarios del ministerio y el control que ejercía desde un principio sobre el programa AIS ―a través de esa injerencia en el Comité Administrativo―, y a pesar de saber del fraccionamiento ilícito de predios desde antes de octubre de 2009, el exministro no hizo nada para evitar la apropiación de los recursos por los particulares mediante tal conducta, puesto que sabía que lo iban a apoyar en su campaña.

Andrés Felipe Arias Leiva fue condenado en julio de 2014 a 17 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. En otras palabras, fue condenado por el escándalo de la adjudicación de subsidios millonarios del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS) a personas adineradas que no necesitaban estos beneficios.

El exministro fue deportado de los Estados Unidos el 12 de julio de 2019, después de estar en ese país por cinco años. Cabe recordar que la Fiscalía General le solicitó a la Corte dejar en firme la condena, al considerar que se logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que el exjefe de la cartera de Desarrollo Rural incurriera en las irregularidades en la celebración de los contratos del programa que tenía como objetivo principal apoyar a los pequeños y medianos agricultores frente a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

“Le solicito a la Sala de Decisión mantener la pena en los términos y condiciones establecidos en el fallo impugnado, frente a la evidencia que en ese proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías”, precisa uno de los apartes de la petición firmada por el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Mejía Abello.

En uno de los apartes del documento de 245 páginas, la Fiscalía indica que en el fallo de primera instancia se hizo “un análisis sobre la coparticipación criminal con la que habían actuado Arias Leiva, los funcionarios a su cargo, los funcionarios del IICA y los beneficiarios, quedando así demostrada la segunda circunstancias de mayor punibilidad que le fuere cuestionada al doctor Andrés Felipe Arias”.

Los subsidios que distribuía el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ―resalta la Fiscalía― terminaron en manos de grandes empresarios que llegaron a presentar, en el papel, predios fraccionados para recibir más subsidios económicos: “La Sala concluyó que debido a su cargo de ministro de Agricultura y a la autoridad que ejercía en la cartera, conoció y estuvo al tanto de los procesos contractuales que se celebraron para la ejecución del programa AIS”.

El delegado del ente investigador señaló que durante el extenso juicio, que se extendió durante cuatro años, se demostró la teoría de la Fiscalía General frente a las múltiples irregularidades en la celebración de contratos.

Por estos mismos hechos, la Procuraduría General, en el 2011, lo destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos público. En el documento firmado por el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, se advirtió que Arias actuó con dolo puesto que tuvo conocimiento de las irregularidades.