Primicia: Corte Constitucional suspendió la mesa del Ministerio de Salud para revisar la UPC. ¿Por qué?

SEMANA conoció en primicia que la Corte Constitucional ordenó una medida cautelar al Ministerio de Salud sobre la mesa de trabajo que instaló para recalcular el precio de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud.

La decisión confirma: “Ordenar como medida cautelar al Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza del ministro de Salud y Protección Social, suspender por 30 días las sesiones de la mesa de trabajo contados a partir de la notificación de esta providencia”.

La decisión se dio después de que la Corte Constitucional ordenara una serie de pruebas para verificar si se estaba cumpliendo para instalar dicha mesa técnica, y si los diferentes actores del sector salud han participado en ese espacio con transparencia y representatividad.

Sin embargo, a ese alto tribunal le llegaron varios conceptos de la Procuraduría, el Congreso y organizaciones del sector salud, alertando que la mesa técnica para reajustar el valor de la UPC estaba teniendo una serie de inconsistencias que afectan la orden dada por la Corte Constitucional.

¿Por qué se suspendió la mesa?

En el auto de 36 páginas, la Sala de Seguimiento conformada por los magistrados José Fernando Reyes, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández, explicaron en el fallo que la decisión se dio después de las “falencias” que se siguen evidenciando sobre la orden de crear una mesa de trabajo para reajustar el valor de la UPC para 2024.

“A pesar del tiempo transcurrido y de las evaluaciones efectuadas, no se han corregido las falencias evidenciadas y el MSPS no ha demostrado la suficiencia de la UPC para cubrir todos los servicios y tecnologías en salud PBS UPC a la población afiliada al SGSSS, y tampoco que la información necesaria para efectuar el cálculo de esta prima se entregue oportunamente, completa y con la calidad requerida”, dice el auto conocido por esta revista.

Para la Sala de Seguimiento, esta situación se sigue presentando a pesar de que el ministerio liderado por Guillermo Jaramillo ha manifestado que las EPS no remiten a tiempo los datos recolectados, y que diferentes actores de salud han puesto de presente la insuficiencia de ese valor en ambos regímenes, advirtiendo una “amenaza a la operación” del sistema de salud.

Por eso, la Corte —en su auto que dictó medidas cautelares sobre la instalación de la mesa sobre UPC— aclaró: “Sustenta la necesidad de adoptar medidas cautelares, principalmente, en la existencia del riesgo de garantizar la suficiencia de la UPC y la evidencia empírica sobre la afectación de la participación de los actores del sistema de seguridad social en salud”.

Una decisión que se basó en razones como la difícil situación financiera de las EPS, que proviene de la insuficiencia de los recursos para garantizar el servicio y la falta de información técnica para demostrar el apto valor que fijó el Gobierno sobre la UPC para 2024.

“Deben sumarse las diferentes críticas realizadas a la cartera de salud sobre la falta de respaldo al afirmar que la metodología de cálculo empleada era la mejor. Además, la falta de publicidad de los estudios que afirmó haber realizado para concluir que la tasa de cambio del dólar y del euro se encuentran reconocidos en la variable de inflación”, dice el documento de la Corte Constitucional.

Para la Sala de Seguimiento, el Ministerio de Salud “no implementó” mecanismos que permitieran la participación de los actores de la salud en el proceso de definición de la Unidad de Pago por Capitación.

Por eso, la Sala concluyó: “La falta de estos mecanismos para involucrar a los actores del sector salud, en mayor medida, se tradujo en EPS intervenidas, otras en proceso de retiro voluntario y una con retiro parcial, todas con un denominador común: el incumplimiento de los indicadores financieros”.

Además de las deudas, también se incrementaron los reportes de peticiones, quejas y reclamos sobre la prestación de los servicios de salud; además, apareció una afectación directa a los usuarios del sistema, se detalla el documento.

Pero la Corte también manifestó que hoy existen dos preocupaciones frente a la mesa que se creó para recalcular la UPC: “(i) Que la mesa de trabajo no cumpla con los objetivos principales planteados por la Corte, que implican analizar la UPC de 2024 para lograr su suficiencia y revisar el rezago existente, y (ii) que la participación de los convocados no sea real y efectiva”.

La Sala de Seguimiento consideró “necesario” suspender la mesa sobre la UPC ante el inminente “riesgo que representa para la sostenibilidad financiera del sistema de salud no alcanzar la suficiencia de la UPC”.

La Corte advirtió: “En efecto, al revisar el acto administrativo que regula la mesa, la Corte observa reticencia del Ministerio a aceptar la existencia de un rezago en el valor de la UPC, la cual fue advertida en el Auto 007 de 2025, y precisamente fue uno de los motivos que dio lugar a que se ordenara la creación de la mesa en cuestión”.

Lo curioso es que el magistrado Vladimir Fernández se apartó de la decisión que tomó la mayoría de la Sala, lo que seguiría dejando en evidencia el papel que estaría cumpliendo al interior de la Corte a favor del Gobierno, a donde llegó después de ser el exsecretario jurídico del presidente Gustavo Petro.