Primicia: Fabiola Perea, la exempleada de Laura Sarabia, demandó por las interceptaciones ilegales en el Gobierno Petro. ¿Cuánto pide?

Fabiola Perea trabajaba por días en la casa de Laura Sarabia. Se encargaba de los servicios generales y terminó, al igual que Marelbys Meza, la niñera de la entonces jefe de gabinete, interceptada en sus comunicaciones y perseguida por la seguridad presidencial.

Al inicio del proceso, todos negaron las interceptaciones y los seguimientos, sin embargo, la investigación de la Fiscalía concluyó de qué forma la seguridad presidencial dio instrucciones para que policías en la Sijín de Bogotá y la Dijín adelantaran las interceptaciones a las dos empleadas de Laura Sarabia.

Incluso, algunos de esos policías aceptaron su responsabilidad. Fueron condenados por los hechos ilegales gestados desde el interior de la institución y por órdenes, según manifestaron, de la Presidencia. Con esa aceptación de cargos y las condenas en firme, arrancó otro proceso: la demanda de reparación por los daños causados.

Fabiola Perea, a través de su defensa, radicó la demanda formal en contra del Estado y por cuenta de las interceptaciones y los seguimientos de que fue víctima, particularmente ella, en calidad de desplazada de la violencia y que en Bogotá nuevamente terminó asediada por actividades criminales, ahora de la mano —o por orden— de la seguridad presidencial.

En la demanda, la defensa de Fabiola advierte que los daños materiales y directos suman 24 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de unas afectaciones inmateriales, que incluyen a sus hijos y familiares más cercanos. En total, la demanda se estima en 450 salarios mínimos mensuales legales vigentes, casi 800 millones de pesos.

“Se obligue a las entidades accionadas a que realicen un acto público de disculpas y desagravio a las víctimas de las interceptaciones ilegales por estos hechos, donde además se convoque a las personas implicadas directamente en este asunto, sean o no funcionarios públicos para ese momento, correspondientes a Laura Camila Sarabia y demás funcionarios públicos que intervinieron en las interceptaciones referidas”, advierte la demanda.

La defensa de Fabiola Perea argumentó, en la demanda, la forma en que la Policía se articuló con el único objetivo de convertirlas a ella y Marelbys Meza en las presuntas cabecillas del grupo criminal del Clan del Golfo. A una la bautizaron como la Cocinera y a la otra con el alias de la Mona, para —de esta forma— obtener las órdenes de interceptación de sus comunicaciones.

“Para tal efecto, el 30 de enero de 2023, en los documentos falsificados por los uniformados de la Policía Nacional, se inventó falsamente que Fabiola Perea era alias la Cocinera, supuesta integrante del temible grupo criminal y terrorista conocido como el Clan del Golfo, con el fin de obtener la autorización judicial para intervenir sus comunicaciones, asociándola a graves actividades delictivas”, señala la demanda.

En su momento, la defensa de Marelbys Meza, la entonces niñera de Laura Sarabia, también informó que radicarían una demanda contra el Estado, tras advertir los graves hechos de que fueron víctimas y cómo la seguridad presidencial se lanzó en contra de ella, atribuyendo un robo en el apartamento de la ahora canciller de Colombia.

“De lo anteriormente narrado es claro, palmario, evidente e inobjetable que las entidades accionadas participaron y son responsables por los daños y perjuicios de reclamados por los hoy demandantes ante los graves hechos que llevaron al Estado a perseguir, intimidar e interceptar las comunicaciones de la señora Fabiola Perea, por el interés de una alta funcionaria y la instrumentalización de uniformados de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, surgiendo un deber de reparación integral”, dijo la defensa de Fabiola Perea.

La demanda se radicó ante un juzgado administrativo de la ciudad de Bogotá con el objetivo de que se estudien los hechos relevantes de la misma y se pueda avanzar en un proceso que —además— incluirá a las partes protagonistas en este escándalo de interceptaciones.