Judicial
Primicia | Leonidas Bustos, el poderoso expresidente de la Corte Suprema, cada vez más cerca de un juicio por el escándalo de corrupción del Cartel de la Toga
En contra del exmagistrado de la Sala Penal sigue vigente una orden de captura para que responda en Colombia por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos Martínez está a punto de engrosar la lista de enjuiciados por el peor escándalo de corrupción que se haya presentado en la historia de la rama judicial en Colombia. En un fallo conocido en exclusiva por SEMANA, la Sala de Instrucción rechazó el último recurso presentado desde la clandestinidad por el exmagistrado, quien buscaba que se le anulara gran parte del proceso penal en su contra por el llamado Cartel de la Toga.
En la decisión de 37 páginas, Bustos -cuyo paradero se desconoce desde que estalló el escándalo en el 2017- manifestó que se le habían vulnerado sus derechos procesales y a la defensa, al no avalar la práctica de las pruebas solicitadas por su defensa. Igualmente, reclamaba una vulneración a sus principios de contradicción frente a los señalamientos hechos en su contra y la presunción de inocencia por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en la decisión emitida el 14 de mayo de 2019.
En el análisis jurídico, la Sala negó, uno por uno, los argumentos con los que Bustos alegaba que durante el trámite en la Comisión de Acusaciones se había presentado un prejuzgamiento mediante acusaciones falaces, como cuando se mencionaba la existencia de “una banda criminal”, “organización criminal” o empresa criminal” en el interior de la Sala de Casación Penal, que él también presidió durante dos períodos consecutivos.
En este sentido, el exmagistrado aseguraba que las imputaciones en su contra eran “vagas, precarias e insuficientes”, lo que afectaba preparar su estrategia de defensa. Para Bustos, el único testigo citado en su contra es Luis Gustavo Moreno Rivera ─el recordado exfiscal anticorrupción capturado por corrupción─, a quien señaló de faltar a la verdad en repetidas oportunidades, por lo que pedía que se catalogara como un “testigo mentiroso”.
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Sin embargo, la Corte consideró que la posición del exmagistrado era infundada y aprovechó para hacerle un fuerte llamado de atención, no solo “porque semejante desdén en un acto de relevancia como este lo haría ilegítimo y en el grado superlativo predicado ostensible, sino porque contrastada esta afirmación con la pieza jurídica que la representa, no es susceptible de las críticas extremas expresadas por el acusado”.
Además, se quiso desconocer el trabajo adelantado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cuando tomó la decisión de emitir el escrito de acusación ante el Senado. “Los alegatos que propugnan por el mérito concedido a los distintos elementos allegados son argumentos probatorios cuyo escenario por antonomasia para refutar el contenido y alcance que les corresponde, es el juicio; de modo que, si como lo sostiene el impugnante, dada la precariedad de la acusación, no está en modo de sustentar los cargos, este sería, a no dudarlo, un defecto referido a la fuerza demostrativa que les es propia para ser sustentable la acusación y no, desde luego, por tal causa, de una razón para pretender derivado de ello motivo que vicie la actuación procesal cumplida”.
En este punto, se advierte que no se allegó evidencia que permitiera inferir un prejuzgamiento en contra del exmagistrado. “En síntesis, la decisión judicial cuya ilegalidad se afirma y a través de la cual se ha sustentado el pliego de cargos proferido en este proceso en contra de José Leonidas Bustos Martínez, es un proveído suficientemente fundamentado y cumplidor de los parámetros legales, toda vez que permite conocer los motivos por los cuales ha sido emitido y exterioriza una justificación razonada sobre las conclusiones jurídicas derivadas, lo que evidentemente niega cualquier vicio que lo haga susceptible de invalidación”.
Con esta decisión, Bustos deberá responder en el país por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. Esto por formar parte de la red que exigía millonarias comisiones a cambio de retrasar y entorpecer los procesos contra aforados constitucionales.
El exmagistrado fue mencionado en la grabación en la cual el entonces jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno, con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, intercedió para retrasar una orden de captura por los procesos que se le adelantaban por el cartel de la hemofilia y el desfalco a los recursos de las regalías en el departamento.
En esa oportunidad, Moreno mencionó a Bustos –a quien Luis Gustavo Moreno veía como un padre–, asegurando que él había tenido intervención directa en los casos de los entonces senadores Musa Besaile, Álvaro Ashton y Hernán Francisco Andrade Serrano, así como el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero.
Según Moreno –testigo clave en este escándalo–, el exmagistrado habría recibido 200 millones de pesos como anticipo de los $600 millones que se cuadraron para frenar las órdenes de captura contra Besaile y Ashton en los procesos por parapolítica.
Moreno lo sabe porque él mismo lo entregó personalmente en su apartamento en el barrio Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá. La repartición se hizo en compañía del abogado Vadith Orlando Gómez Reyes.
Con este dinero, Bustos se habría comprado un reloj avaluado en 42 millones de pesos. Las pruebas reseñan que esta lujosa compra la hizo el 19 de diciembre de 2012 en la joyería Cartier en el Centro Comercial Andino. La compra –según narró el vendedor– la hizo en efectivo y la factura quedó a nombre de Ricardo Beltrán Rivera.