Primicia: Lidio García, el recién electo presidente del Senado, es investigado por la Corte Suprema de Justicia

SEMANA conoció que contra el recién electo presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, pesa una investigación previa que avanza en el despacho del magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

El caso contra García Turbay arrancó después de que a ese alto tribunal llegó una denuncia que alertaba su supuesta participación en una serie de irregularidades alrededor de la contratación del departamento de Bolívar.

Hay que recordar que Lidio García fue concejal del municipio de El Carmen de Bolívar, diputado en la asamblea de ese departamento y habría intentado llegar al Congreso por medio de la alianza política entre su prima Paola Turbay Haddad, quien se casó con el entonces gobernador del departamento de Bolívar, Joaco Berrío.

En el año 2010, el ahora presidente del Senado se quemó para llegar al Congreso con 36.000 votos, pero finalmente logró aterrizar en el Legislativo tras la destitución de la fallecida congresista Piedad Córdoba.

Pero no hay que perder algo del foco: en el año 2010, el partido Cambio Radical, expulsó al exgobernador de Bolívar, Joaco Berrío, después de que la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 18 años frente una serie de irregularidades que se presentaron en varios contratos que se ejecutaron para atender las emergencias por crisis invernal en el año 2007.

Todas estas particularidades salieron a flote después de que SEMANA reveló que el actual presidente del Senado, Lidio García, tiene una investigación preliminar activa en la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Esta información se conoció horas después de que el recién electo presidente del Senado, quien reemplazó al congresista Efraín Cepeda, se reunió con el presidente Gustavo Petro para conversar sobre lo que será el último año legislativo del Gobierno.

Al finalizar ese encuentro, el senador Liberal confesó que hablaron sobre el marco jurídico de la polémica paz total, y reconoció que “realmente es una propuesta complicada, bastante, bien difícil”.

Se trata del proyecto de ley que presentó el Gobierno Petro a través del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para ofrecerle beneficios penales a grupos armados, crimen organizado y procesados por la protesta social, a cambio de desmantelar estructuras delictivas.

“Llega un poco más tranquila y certera al Congreso de la República, pero de otra manera, veo algo que puede causar mucha problemática legislativa”, agregó el presidente del Senado, después de que esa iniciativa pasó por la revisión del Consejo de Política Criminal.