Judicial
Primicia | Procuraduría pidió rechazar la demanda contra la elección de Gregorio Eljach como jefe del Ministerio Público
La demandante cuestionó el mecanismo empleado por la Presidencia de la República para ternar a Eljach como su candidato.

Tres días antes de que Gregorio Eljach Pacheco se posesionara oficialmente como nuevo Procurador General de la Nación llegó a la Sección Quinta del Consejo de Estado un concepto del Ministerio Público en el que pedía rechazar las medidas cautelares para suspender el acto administrativo que avaló la elección de Eljach.
El nuevo procurador general Gregorio Eljach llega a la entidad en su primer día de funciones. El viceprocurador Silvano Gómez estuvo a cargo de recibirlo. https://t.co/Lec0VeyxkE pic.twitter.com/mHhtwxucv7
— Revista Semana (@RevistaSemana) January 16, 2025
En el documento, conocido en exclusiva por SEMANA, la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Yolima Carrillo Pérez, les pidió respetuosamente a los magistrados “negar la suspensión de los efectos del acto de elección de Juan Gregorio Eljach Pacheco como Procurador General de la Nación para el período 2025-2029”.
El concepto de 15 páginas, fechado el 13 de enero, la procuradora delegada sostiene que no se presentó ninguna irregularidad ni en la postulación de Eljach Pacheco por parte de la Presidencia de la República, ni mucho menos en la votación en el Congreso que terminó con su elección.
“Se puede colegir que los elementos de juicio relacionados no gozan de la suficiencia y ni de la contundencia para determinar que se vulneró el ordenamiento jurídico”, asevera el documento conocido por SEMANA.
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En este mismo se indica que lo mencionado en la demanda puede calificarse como “consideraciones e interpretaciones particulares, sin que advierta de manera prima facie, un reproche sobre la ocurrencia de alguna irregularidad de carácter sustantivo o subjetivo en la elección de Juan Gregorio Eljach Pacheco”.
Igualmente, se advierte que no existe motivo jurídico alguno para avalar las medidas cautelares que pide la demandante. Este concepto ya se encuentra en el despacho del magistrado Óscar Joaquín Barreto Suárez.

En la demanda presentada por Natalia López Navas se advierte que existió una vulneración a la separación de poderes que está protegida por la Constitución Política de Colombia: “Se rompió el modelo de equilibrio de poderes al permitir que un funcionario directivo del Senado de la República en ejercicio de sus funciones fuese incluido en la terna a dirigir el Ministerio Público, sobre todo, por cuanto, el doctor Eljach siempre fue el candidato del Senado, independientemente de si el órgano postulador era alguna de las altas cortes o el Presidente”.
Sin embargo, para la Procuraduría, estos señalamientos carecen de sustento jurídico, incluso se indica que lo señalado pareciera ser parte de una “lectura parcial sin la congruencia y coherencia de la interpretación sistemática de los presupuestos normativos”.
“Se interpreta preliminarmente que, la invitación de Presidencia de la República para que los ciudadanos presentaran la hoja de vida para integrar el listado de aspirantes, a partir de la cual, la cabeza de la Rama Ejecutiva seleccionaría un candidato/a que integraría la terna de la que el honorable Senado de la República elegiría al Procurador o Procuradora General de la Nación, para el período de cuatro años, 2025 – 2029, no era una convocatoria pública de obligatorio cumplimiento”, enfatiza el concepto.
Debido a esto, pidió rechazar las pretensiones de la demandante. En los próximos días, el magistrado ponente deberá estudiar todos los conceptos enviados por la Presidencia, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y el mismo Procurador, ya en funciones, para tomar una decisión de fondo.