Judicial
Proceso contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco: el turno de la Procuraduría y la defensa
La Fiscalía General pidió detención domiciliaria contra los dos exministros por los casos de corrupción en el Invías y la UNGRD.
Siga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Para este lunes 15 de diciembre, a las 8:00 a. m., está programada la continuación de la audiencia en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en los hechos de corrupción que se presentaron en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

El pasado primero de diciembre, la Fiscalía General les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos a funcionarios). Tras la pregunta de la magistrada con función de control de garantías, los dos exministros se declararon inocentes.
En dicha diligencia, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidió cobijar a los dos exministros con detención domiciliaria mientras avanza el proceso penal que deberá ser asumido por la Corte Suprema de Justicia, debido al fuero constitucional que los cobijaba cuando se presentaron los hechos (2022-2023).
En esta nueva audiencia, deberán intervenir el representante de la Procuraduría General, los representantes de víctimas y los apoderados de los dos exministros.
Con estas intervenciones, la magistrada tomará una decisión de fondo antes del 18 de diciembre. Es decir, si avala la solicitud de la Fiscalía General de cobijar a los dos exministros con medida de aseguramiento restrictiva de su libertad.
Los señalamientos contra los exministros
Citando varios testimonios, entre los que se destaca el de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, la Fiscalía General señaló que los entonces ministros fueron pieza fundamental en un “engranaje de corrupción” que consistía en la desviación de contratos para beneficiar a un grupo de congresistas, con el fin que dieran su voto positivos a los proyectos de reforma que había elevado el Gobierno Petro.

En varias reuniones llevadas a cabo en las sedes de los ministerios del Interior y de Hacienda, en el centro de Bogotá y a muy pocas cuadras de la Casa de Nariño, Bonilla y Velasco dieron órdenes precisas a un grupo de asesores y funcionarios para que direccionaran dichos contratos.
“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno Nacional”, señaló durante la extensa imputación de cargos la fiscal del caso.
“La tramitación en desarrollo del pacto criminal ofrecieron y abordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República, para direccionar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías (Invías) en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) a cambio de su concurrencia y votación”, añadió la representante del ente investigador.


