Procuradora advierte que algunos mandatarios se aprovechan de los “vacíos de la ley” para hacer política; ¿a qué se refiere?

La procuradora general, Margarita Cabello, hizo un llamado de atención a los mandatarios regionales y locales por llevar a cabo acciones prohibidas que podrían resultar en una indebida participación en política.

La máxima autoridad del Ministerio Público expresó su preocupación por la actitud de algunos mandatarios y funcionarios que, según sus palabras, caminan como “equilibristas” en la fina línea que separa el ejercicio de sus funciones y la indebida intervención en la política.

“Me genera preocupación la actitud de mandatarios y funcionarios que transitan como equilibristas sobre la línea delgada que divide el ejercicio de la función y la indebida participación en política”, aseguró la funcionaria desde Valledupar.

Cabello Blanco aseguró que algunos mandatarios se “mueven” en “zonas grises”, aprovechando lagunas legales, aparentemente sin infringir la ley. Sin embargo, dijo la procuradora, “se aseguran de no incurrir en la taxatividad de la prohibición, pero desafían al control. Con artilugios y eufemismos, dejan la sensación inequívoca de estar parcializados”.

Aunque subrayó que la Procuraduría no inicia investigaciones basadas en percepciones, la funcionaria enfatizó que el país espera que aquellos que tienen la responsabilidad de representar a los ciudadanos y la institucionalidad muestren “un comportamiento que se ajuste a la ley y, además, sea decoroso, ejemplar y coherente”.

La procuradora también señaló que, según la última revisión en el Sistema de Información de Registro de Inhabilidades y Sanciones (Siri), realizada el 19 de septiembre, “encontramos que 724 candidatos registraron anotaciones que generan inhabilidad para ser elegidos y desempeñar el cargo al cual se inscribieron”. Esta cifra representa un aumento de 52 aspirantes en comparación con el primer informe de agosto de 2023, y ya se ha remitido al Consejo Nacional Electoral para el proceso de revocación de inscripción.

Procuradora pide garantías electorales ante escalada de violencia

Por otra parte, el pasado 20 de septiembre, durante el foro ‘Avances del proceso electoral’ en Tunja, Boyacá, la procuradora Margarita Cabello manifestó su creciente preocupación por el incremento de actos violentos en Colombia, en el contexto del proceso electoral.

En su discurso, la jefa del Ministerio Público subrayó la gravedad del aumento de la violencia, especialmente en el contexto electoral, y enfatizó que es esencial que todas las instituciones, incluido el Gobierno nacional y la Fuerza Pública, se movilicen para evitar cualquier amenaza a la transparencia y seguridad del proceso electoral, ya que “lo que está en juego es la democracia”. Además, hizo hincapié en la necesidad de brindar garantías plenas de seguridad en todas las etapas de las elecciones en el país.

La procuradora también se refirió a la situación de seguridad en el departamento de Boyacá y señaló que, aunque el ‘mapa de percepción de riesgo’ del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (Ci3E) de la Policía Nacional no cataloga a ningún municipio de Boyacá como de alto riesgo, las autoridades locales y personeros informaron que al menos 40 municipios enfrentan riesgos de seguridad que impactan directamente en el proceso electoral.

“Ellos son nuestros representantes en los territorios, y la información que tengo es que sí tenemos riesgos al menos en 40 municipios del departamento por temas de seguridad, que afectan directamente el proceso electoral”, señaló la procuradora.

Además, Cabello Blanco expresó su preocupación sobre la financiación de las campañas políticas y llamó a las autoridades electorales a fortalecer las medidas para prevenir situaciones que puedan afectar la transparencia del proceso electoral y prevenir la corrupción.

Finalmente, la procuradora instó a los ciudadanos a convertirse en veedores y contribuir a prevenir delitos y faltas disciplinarias relacionadas con la financiación de las campañas políticas, la propaganda electoral y la inscripción irregular de cédulas, destacando la importancia de la participación ciudadana para garantizar elecciones justas y transparentes en Colombia.