Procuradora general presentará tutela para recuperar los 70 mil millones de pesos del contrato de Centros Poblados

En los próximos días, la Procuraduría General presentará una acción de tutela dirigida a recuperar los 70 mil millones de pesos del anticipo que le fue entregado por el Ministerio de las TIC a la unión temporal Centros Poblados para ejecutar el billonario contrato que buscaba proveer de internet a las escuelas rurales de las zonas más apartadas del país.

El anuncio lo hizo este mismo miércoles la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, quien contó que se buscará por esta vía revivir la acción popular que le fue negada en abril pasado por el Consejo de Estado.

“Estamos listos para presentar una acción de tutela a efectos que esa acción popular siga su recorrido”, detalló la jefa del organismo de control disciplinario en Manizales, al indicar que la acción pedía unas medidas cautelares y mecanismos para recuperar el dinero de los anticipos.

La procuradora general aseguró que estos últimos meses se han “recuperado dineros” de este contrato. Sin embargo, manifestó que es necesario seguir trabajando para lograr el reintegro total del anticipo que le fue entregado a la unión temporal.

El pronunciamiento se hizo un día después de la notificación del archivo de la investigación disciplinaria que se adelantaba en contra de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración de este billonario contrato.

En medio de la avalancha de críticas que se han presentado por esta decisión, la procuradora general recordó que ha sido el único organismo que ha emitido sanciones en contra de los implicados en este escándalo de corrupción. “Tenemos tres líneas de acción”, enfatizó.

“La Procuraduría General es la única que tiene sanciones contra los funcionarios del Ministerio de las TIC que participaron en la elaboración y licitación correspondiente. Con sanciones altas, porque nosotros sí actuamos”, señaló Cabello Blanco al hacer referencia a los fallos emitidos en 2023.

En el caso de la exministra Karen Abudinen recordó que la Sala Disciplinaria de Instrucción que realizó la investigación no encontró méritos para sancionarla disciplinariamente.

“La Sala correspondiente determinó que no había pruebas o elementos suficientes que demostraran que ella fue la que participó en el proceso licitatorio, eso le correspondió a la secretaria general, y que ella fue la que ordenó parar la decisión tras anunciar los problemas de las pólizas y fue la que ordenó la investigación por lo que estaba observando que no era correcto en ese proceso licitatorio que se cayó”, explicó.

En la decisión que dio por terminada la actuación a favor de la exministra de las TIC se advierte que no cometió una falta disciplinaria con las irregularidades que se presentaron en la adjudicación del Contrato 1043 de 2020, conocido como Centros Poblados.

El ente de control también informó que no existió responsabilidad directa de Abudinen porque “concluyó que las decisiones tomadas durante su gestión, aunque relacionadas con el proceso de licitación, no constituyeron una violación a las normas de contratación pública que pudieran generar responsabilidades disciplinarias para la exministra”.

La decisión también se basó en una causal de archivo al momento de que no se comprobó que existen elementos que demuestren su responsabilidad. Por esa razón tampoco existiría una sanción disciplinaria contra la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

“De acuerdo con el artículo 90 del Código Disciplinario Único, el proceso se puede archivar cuando se comprueba que el hecho atribuido no existió o no hay elementos que demuestren la responsabilidad del investigado”, explicó la entidad.