Procuraduría advierte “riesgo de censura” en la solicitud de la CRC a medios y ordena pruebas que soporten la decisión

La Procuraduría General de la Nación se metió a la controversia que provocó en los últimos días la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), después de que le solicitó a medios de comunicación información sobre políticas internas, mecanismos de verificación y documentos sobre los consejos editoriales que se desarrollan en el día a día.

En un documento de cuatro páginas dirigido a la directora ejecutiva de la CRC, Claudia Ximena Bustamante, la Procuraduría General de la Nación, en un análisis preventivo, observó que la medida adoptada podría implicar un “riesgo constitucional revelante”.

El documento, firmado por el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Samuel Arrieta, asegura que la petición de la Comisión podría tener una competencia cuestionable, pues “la Sesión de Contenidos Audiovisuales tiene funciones pedagógicas y de interlocución con las audiencias, pero no cuenta con facultades expresas para requerir información interna de los medios sobre sus decisiones editoriales”.

Así mismo, explicó que esa determinación afectaría derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la solicitud podría comprometer la reserva de las fuentes, la confidencialidad de deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista, protegido por la Constitución de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

El procurador Arrieta también alertó que se podría presentar un riesgo de censura indirecta, pues aunque “el requerimiento se presenta como técnico, su redacción mantiene un tono formal y obligatorio, lo que puede generar un efecto inhibitorio o de autocensura en los medios de comunicación”.

Para la Procuraduría, la petición de la Comisión de Regulación de Comunicaciones también tendría una ambigüedad sobre la finalidad, el tratamiento de los datos y una falta de claridad sobre la supuesta voluntad de los medios de comunicación para atender un requerimiento que mantiene un carácter formal.

Por eso, el procurador Arrieta le solicitó a la directora ejecutiva de la CRC que entregue copias del requerimiento que le dieron a los medios de comunicación el 8 de mayo, el acta y los soportes que sustenten su expedición, el marco legal que respalde la competencia de la Sesión de Contenidos Audiovisuales para solicitar esa información y la aclaración expresa si la entrega de esa información es voluntaria u obligatoria.

Así mismo, la Procuraduría solicitó un “protocolo de manejo de la información que garantice la reserva y confidencialidad de los documentos recibidos”, y una “descripción de la finalidad, alcance y uso previsto de los datos obtenidos en el marco del ejercicio informativo anunciado”.

Aunque el ente de control reconoció que la Comisión de Regulación hizo un par de aclaraciones el 10 de octubre, advirtió que persisten ciertos “elementos susceptibles de comprometer la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios de comunicación”.

Este es el requerimiento de la Procuraduría: