Procuraduría advierte sobre límite presupuestal en proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías

La Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia en la que indicó que los proyectos presentados por las entidades territoriales que involucren recursos del Sistema General de Regalías (SGR) no podrán superar el 60 % del presupuesto total para los años 2023-2024 financiados con ingresos corrientes.

Con la proximidad del cambio de gobiernos territoriales y la necesidad de garantizar la independencia de las administraciones durante el año 2023, el ente de control recordó a las entidades e instancias encargadas de la aprobación de recursos del SGR el límite presupuestal establecido para este período.

Además, a través de una circular, la Procuraduría ha solicitado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que realice el bloqueo correspondiente dentro del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), con el objetivo de evitar que se exceda el monto de aprobación establecido.

Con esta acción preventiva, “la Procuraduría busca a evitar la comisión de irregularidades que afecten a la comunidad y que, en consecuencia, puedan generar responsabilidades de carácter disciplinario a los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado”.

De igual forma, el Ministerio Público ha dejado claro que sus exhortaciones “no constituyen coadministración sobre las decisiones que dentro de su autonomía y competencia deban adoptar las diferentes autoridades”.

La Procuraduría actúa como garante de la legalidad y busca prevenir posibles situaciones que puedan comprometer la transparencia y el correcto uso de los recursos del Sistema General de Regalías.

El ‘ojo’ sobre las regalías de cara a las elecciones

En la misma línea, la procuradora Margarita Cabello Blanco emitió una advertencia contundente durante su intervención en el tercer foro de ‘Avances del Proceso Electoral’. En su discurso, expresó su determinación de no permitir que los recursos destinados para el Sistema Nacional de Regalías sean utilizados con fines políticos.

La jefe del Ministerio Público enfatizó en que la contratación pública mediante recursos de regalías es “el hueco por donde se cuelan los desfalcos por parte de los funcionarios públicos”. Además, subrayó la preocupación adicional que representa el año electoral, afirmando que “nuestro ojo está puesto en toda la contratación pública y en todas las obras con regalías, porque la intención de usar estos recursos con fines políticos personales es muy grande, y hay que estar vigilantes”.

La procuradora también hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para garantizar la transparencia y el derecho al voto, especialmente en diez municipios de seis departamentos del país que presentan un riesgo latente para el proceso democrático debido a temas relacionados con la seguridad ciudadana, como la presencia de grupos armados y delitos electorales.

“La segunda versión del mapa de percepción de riesgo socializado por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral de la Policía Nacional, expone diez municipios que requieren atención prioritaria”, señaló la Procuradora, mencionando regiones como El Bagre (Antioquia), Argelia (Cauca), Puerto Libertador, San José de Uré y Tierra Alta (Córdoba), San Andrés de Tumaco (Nariño), Cúcuta y Tibú (Norte de Santander), Buenaventura y Jamundí (Valle del Cauca).

Cabello Blanco destacó la complejidad de las elecciones de este año, con aproximadamente 120.000 candidatos que aspiran a cargos de autoridades locales, departamentales y corporaciones públicas. “Es decir, pasamos de tener 2.822 candidatos en las elecciones nacionales a tener, más o menos, 120.000”, aseguró.

Además, Cabello resaltó la convivencia del sistema de listas abiertas o voto preferente con el de listas cerradas, “lo cual implica un gran reto tanto para la Organización Electoral como para el Estado colombiano”.

La funcionaria también señaló un aumento significativo en la inscripción de Grupos Significativos de Ciudadanos en comparación con las últimas elecciones locales de 2019. “A nivel nacional, con corte al 17 de mayo, se han inscrito 1.285 Grupos Significativos de Ciudadanos”, informó.

Finalmente, recordó que la entidad tiene la facultad de indagar, investigar, sancionar y suspender a servidores públicos, incluso aquellos de elección popular: “No tengan duda de que la vamos a utilizar cuando a ello haya lugar”, advirtió.