El salvavidas de la Procuraduría a Petro por los pasajes de TransMilenio

Horas después de haber sido derrotado en su carrera a la presidencia, y de garantizar un asiento en el Senado con el histórico respaldo de 8 millones de votos para un candidato de izquierda, los opositores de Gustavo Petro le comenzaron a cobrar las deudas que tiene y que no tiene.

Aunque ninguno de los procesos que están en curso o decididos lo inhabilitan por ahora para ocupar cargos públicos, el fantasma de millonarias multas lo persigue, al punto que su sueldo podría ser embargado una vez se posesione como senador. 

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En uno de esos casos, la Procuraduría acaba de lanzarle un salvavidas que podría dejarle el camino despejado como jefe de la oposición en el Senado. La Contraloría Distrital lo sancionó a pagar una multa de más de 200.000 millones de pesos por haber bajado los pasajes de TransMilenio durante su alcaldía.

La sanción está hoy en suspenso, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió de manera provisional su cobro, hasta que no se pronuncie de fondo sobre la sanción. Mientras ello ocurre, la Procuraduría decidió archivar la investigación disciplinaria que adelantaba contra seis funcionarios de su administración, también indagados por la misma razón. 

Aunque la decisión de archivo del Ministerio Público no menciona directamente a Gustavo Petro, las consideraciones contenidas en la determinación apuntan de fondo a que el Distrito tomó la decisión de aplicar una política pública basado en estudios técnicos que así lo permitían. Un precedente que no podrá ser ignorado por ninguna autoridad que estudie el tema de ahora en adelante. 

La decisión del Ministerio Público es del 19 de abril del 2018 y se dicta en favor de los exgerentes de TransMilenio Fernando Rey Valderrama, María Constanza García Alicastro y Fernando A. Sanclemente Alzate; Libardo Yanod Márquez, subgerente económico de TransMilenio; Ana Luisa Flechas Camacho, secretaria distrital de Movilidad; Ricardo Bonilla González, secretario distrital de Hacienda, y Gerardo Ardila Calderón, secretario distrital de Planeación.

La decisión fue firmada por el procurador Fernando Carrillo, quien aseguró que no hay evidencia en cuanto a que la disminución de las tarifas del Sistema Integrado de Transporte Público, establecidas mediante el decreto 356 del 23 de julio del 2012, tuviera una finalidad contraria al interés público. Tampoco se advierte que vaya en contravía de normas del ordenamiento jurídico, por el contrario, estaba dirigida al cumplimiento de los fines del Estado.

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Para el jefe de la Procuraduría, le corresponde al administrador público adoptar una decisión de esa clase, y su justificación era mejorar la movilidad y garantizar el acceso de las personas de bajos recursos. "Si bien aquella determinación pudo tener un impacto fiscal, fue tomada con fundamento en estudios técnicos y económicos y en una política pública tendiente a garantizar el acceso de la población con menores ingresos al servicio público de transporte y a mejorar la movilidad de la ciudad". 

La ejecución de esta política pública, dice el ente de control, estuvo contemplada en el acuerdo 489 de 2012, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 2012-2016. En cuanto a los resultados, señala el Ministerio Público, se cumplió con el propósito, ya que redujo la demanda de horas pico y aumentó en horas valle: "Se logró una repercusión del crecimiento de la demanda y un uso más eficiente del sistema”.

Sin nombrar a Gustavo Petro en el fallo, la Procuraduría acaba de librarlo de los cuestionamientos que recaen en su contra por esta medida. La decisión constituye un precedente frente a investigaciones que se adelantan en la misma entidad en contra del exalcalde, e incluso, en la que está por tomarse en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

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Petro intentó con una tutela en la Corte Constitucional cortar de raíz con el ruido que le generan en su carrera política los cobros que adelantan los entes de control por las medidas adoptadas durante su administración. Sin embargo, esta es una de las acciones que quedó en el congelador por cuenta del trámite de las leyes para la paz que tienen carácter prioritario para el alto tribunal. 

Por lo pronto, la decisión de la Procuraduría es una victoria para Petro, aunque no completa. En su contra hay en firme una multa de la Superintendencia de Industria y Comercio por desconocer las reglas de libre competencia en el modelo de aseo que implantó en la ciudad. La sanción alcanza los 410 millones de pesos, y aunque no le dará para inhabilidad, la entidad persigue el cobro con embargos de sus cuentas, salarios y bienes. De llegarse a posesionar como senador, Petro tendría que entrar a pelear un eventual embargo de su sueldo.