La Procuraduría General avaló este lunes 15 de diciembre la solicitud de medida de aseguramiento elevada por la Fiscalía en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
En su intervención, el delegado del Ministerio Público advirtió que la medida restrictiva de la libertad se hace necesaria para proteger el proceso penal.
Se reanuda la audiencia contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, procesados por los escándalos de corrupción en la UNGRD y el Invías. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1YEu7QdKtH
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De esta forma, el procurador Mario Enrique Gómez señaló que las pruebas presentadas en la audiencia del pasado primero de diciembre relacionan directamente a los exministros con los casos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías.
“La solicitud de la medida y los fines constitucionales a los que se ligan pretenderían evitar el relacionamiento de quienes hoy no ostentan un cargo oficial, pero tienen, dice la Fiscalía, una influencia política de tal magnitud que puede incidir en los funcionarios o contratistas que hoy se encuentran pendientes de vinculación formal a la investigación. La medida en su residencia con restricción de visitas y comunicaciones resultaría idónea y sería necesaria”, detalló el procurador del caso.
En este sentido, consideró que la medida solicitada por la Fiscalía es la más idónea con el fin de proteger el proceso penal, evitando el riesgo de fuga, la presión a testigos o la alteración de elementos materiales recolectados.
El proceso contra Bonilla y Velasco
En la imputación de cargos, la Fiscalía General advirtió que entre los años de 2022 y 2023 los entonces ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco dieron órdenes precisas a la hora de direccionar los contratos para favorecer a un grupo de congresistas que estaban tanto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público; así como de la Comisión Primera y Cuarta del Senado.
Procuraduría pide avalar medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TVGp0HyARO
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La fiscal delegada señaló que tanto Bonilla y Velasco hicieron parte de una “empresa criminal” cuyo objetivo era comprar las conciencias de los congresistas para que votaran favorablemente varios proyectos de reforma que había presentado el Gobierno Nacional.
En la imputación de cargos, se citaron las declaraciones entregadas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, así como la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quienes ya firmaron un principio de oportunidad con la Fiscalía General.
De esta forma, y como lo reveló en exclusiva SEMANA, estos tres testigos coincidieron en afirmar que los dos entonces ministros dieron órdenes precisas y directas para que se entregaran varios contratos que estaban en la UNGRD y el Invías para favorecer a los congresistas.
Igualmente, alentaron a que se arreglaran los problemas que se estaban presentando en el camino puesto que los senadores y representantes no querían votar favorablemente.
La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos (en calidad de determinadores).
Tras la pregunta de la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (que cuenta con función de control de garantías) los dos exministros se declararon inocentes.
El próximo 18 de diciembre la magistrada definirá si cobija o no con medida de aseguramiento a los dos exministros de Estado.
